Guanajuato, Gto., 20 de junio. El PAN controla el Consejo del Poder Judicial (CPJ) y la mitad del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato (STJE), debido a que militantes y adherentes con carrera judicial o política fueron designados a propuesta del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

En el CPJ hay una posición vacante y tres consejeros son panistas: Víctor Pérez Hernández, quien asesoró la fracción de su partido en el Congreso estatal, y Beatriz Hernández Cruz, ex regidora en Salamanca y ex diputada local. Ambos llegaron a propuesta del mandatario, mientras la ex priísta Rosario de la Vega lo hizo tras apoyar como legisladora la llamada ley antiaborto, que define a la persona como todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural.

La quinta consejera es quien preside tanto el CPJ como el Supremo Tribunal: Raquel Barajas Monjarás, muy cercana al gobernador, según dijo Miguel Chávez Guzmán, presidente de Ciudadanos en Movimiento para el Desarrollo (Ciudades).

En el Supremo Tribunal hay 20 magistrados: 16 titulares y cuatro supernumerarios o suplentes, cuya mitad fue propuesta por Oliva Ramírez y avalada por la mayoría panista en el Congreso local.

Son correligionarios José Miguel Cortés Lara, antes regidor en Moroleón, diputado local y coordinador de asesores de su diputación; Daniel Chowell Arenas, quien perdió la alcaldía de Guanajuato en 2009 pero aún encabeza actos partidistas, y Miguel Valadez Reyes, ex procurador de Derechos Humanos y también de Justicia, que tramitó el desafuero del priísta Benjamín Martínez en 2003, cuando era precandidato a diputado local y alcalde de San Felipe.

En el mismo grupo figura José Aranda Galván, junto a los también magistrados Esteban Ramírez Sánchez, Salvador García López, Sebastián Barrera Acosta y Ernesto Fragoso Gutiérrez, quienes desempeñaron diversos cargos en el gobierno estatal.

La aplanadora panista tiene iniciativas en la congeladora

Tal composición es posible debido a la aplanadora panista que desde 2010 tiene en la congeladora una iniciativa priísta para quitar al gobernador la facultad de proponer juzgadores, y el resultado es que no hay un Poder Judicial autónomo, sino una hegemonía del PAN que desnaturaliza y deslegitima las instituciones, dijo el líder estatal del PRD, Miguel Alonso Raya.

Pero no sólo los tres poderes sino también órganos autónomos como el Tribunal de lo Contencioso, el Tribunal Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Electoral son reductos panistas, y la oposición debe unirse para contrarrestar esta situación, señaló el dirigente.