Las reformas reglamentarias que el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende aprobar antes de fin de mes apuntan a nuevos desencuentros entre el organismo y los medios electrónicos de comunicación, incluso más allá del reciente diferendo derivado de las críticas que desató el proyecto de lineamientos para el derecho de réplica. Los cambios en los plazos de entrega y sustitución de promocionales, ante las campañas electorales de 2012, tienen la oposición de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Estas diferencias tendrán otra vertiente de discusión entre los partidos políticos, que ya ha comenzado en el seno del Comité de Radio y Televisión del IFE, donde existen posturas encontradas entre preservar el plazo actual de cinco días y reducirlo a 48 horas, en el contexto de la discusión de la reforma del reglamento del ramo.

En defensa de mantener el plazo vigente destaca la postura del PRI, cuya representación ha argumentado que con ello se evitaría que los promocionales difundidos en los tiempos del Estado sean un vehículo para desatar la guerra sucia en la propaganda partidista.

En contraste, para los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo es necesario reducir estos plazos que se le confieren a las estaciones de radio y televisión, para subir al aire un promocional, lo que permitiría agilizar el debate de ideas entre los contendientes.

De lo contrario, sostuvo el representante del PRD ante el comité, Fernando Vargas, sería como debatir en cámara lenta y eso no contribuiría a confrontar los proyectos en contienda.

La reforma al reglamento de radio y televisión se espera para la última semana de este mes y aún falta su discusión en la Comisión de Radio y Televisión, aunque se sabe que hay mayoría entre los tres consejeros electorales para que se modifiquen dichos plazos.

Sin embargo, la confluencia de posturas entre el PRI y la CIRT no es casual. Andrés Maciel Fernández es el nuevo representante del tricolor en el Comité de Radio y Televisión, y es un hombre ligado a esa cámara y a los intereses de las televisoras.

Con el argumento de reducir el margen de posibles mensajes que alienten la guerra sucia –que impactarían al eventual candidato priísta a la Presidencia–, se defiende los intereses de las televisoras, que se oponen a estas modificaciones sosteniendo razones técnicas para la sustitución de promocionales.

Esta semana se habrá de discutir más intensamente el mencionado reglamento, lo cual confluiría con la continuación del debate relacionado con los lineamientos del derecho de réplica, igualmente de interés de los medios de comunicación y que motivó ya que la Secretaría de Gobernación intercediera ante el IFE para ampliar el tema.

Ante el interés expresado por la dependencia gubernamental, desde el instituto se convocó para que esta misma semana pudiera haber acercamientos y que tanto Gobernación como los medios expresen sus posturas en torno al derecho de réplica y eventualmente discutir también lo referente a los promocionales, es decir, los lineamientos y la reforma al reglamento.

Tras la reunión de trabajo del jueves pasado, esta semana deberá presentarse una nueva propuesta que acerque las posturas partidistas y de consejeros sobre la fórmula para definir los criterios que regirán aquellos casos en donde partidos o candidatos reclamen su derecho de réplica, eventualmente no respetado por los medios de comunicación.

Falta definir criterios

Al respecto, Fernando Vargas dijo que su partido no se ha opuesto a que el IFE avance en la regulación del derecho de réplica, explicando que sólo existen posturas en torno a la vía que deba ser utilizada, sea mediante lineamientos o su inserción en el reglamento de quejas, pero no hay una oposición a que el IFE fije criterios que garanticen su ejercicio.

Explicó que su partido coincide en la necesidad de que se definan estos criterios, pero uno de los elementos que debe quedar claro es el momento en que la autoridad electoral incida para garantizar este derecho.

Sostuvo que en una primera instancia es un asunto entre los medios y el partido o el candidato afectado, etapa en la cual ambas partes pueden acordar los términos de la réplica. Si no se concede, intervendría el IFE.