A diferencia de otras iniciativas similares, la campaña Por el derecho a migrar sin violencia reúne esfuerzos coordinados de una gran cantidad de individuos y colectivos para detener las agresiones contra los indocumentados en su paso por el país, afirmó el obispo Raúl Vera en entrevista con La Jornada, e indicó que mediante acciones se busca sensibilizar a las sociedades y gobiernos de México, Centroamérica y Estados Unidos para terminar con ese problema.

Respecto a la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, el obispo consideró que no es más que una farsa que en realidad pretende crear un perímetro de seguridad para Estados Unidos, que incluya el control de los flujos migratorios de América Latina hacia el norte.

La ventaja que tenemos ahora es que esta campaña la hemos asumido un conjunto de asociaciones para frenar el terror, las torturas y el sufrimiento que padecen los migrantes durante su paso por México. Estamos distribuyéndonos el trabajo en comisiones, y nos estamos reuniendo de forma más ordenada y con una visión de prospectiva, explicó el religioso.

Los grupos participantes en este esquema tenemos mucha esperanza de hacer algo, porque estamos decididos a poner todos los medios a nuestro alcance para detener la violencia. No podemos seguir tolerando la impunidad y la complicidad entre los criminales y las autoridades, que es lo más indignante de todo.

Tras advertir que la recién aprobada ley de migración sigue criminalizando y persiguiendo a los indocumentados, Vera señaló que siguen sin atenderse las causas estructurales de la migración forzada: la pobreza y la falta de opciones dignas de vida, por lo que llamó a cambiar cuanto antes el modelo económico vigente.

Por otra parte, el obispo consideró que restructurar el Instituto Nacional de Migración no tiene sentido, pues sus agentes de todas formas buscarán lucrar con los indocumentados, y subrayó que esta campaña no pretende compromisos mínimos del gobierno, sino frenar la violencia contra dicho sector. “Proponemos que se cree una fiscalía especial en favor de ellos, monitoreado por la sociedad civil para que no fracase, como la de los feminicidios o la de los crímenes de la guerra sucia”.

Raúl Vera ha estado acompañado por diversos especialistas y académicos extranjeros en esta iniciativa, merced a la cual se han reunido con representantes del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, entre otras instancias.

Una de las activistas es Beate Ekelou-Slydal, consejera política de Amnistía Internacional capítulo Noruega –presente durante la charla con Vera–, quien afirmó que esta organización ha investigado los graves abusos a los derechos humanos en el país, y ha formulado recomendaciones al gobierno mexicano.

Uno de los retos principales para resolver esta situación, dijo, es el nivel de complicidad entre el crimen organizado y el gobierno, así como la impunidad. Lo que sucede en México es una tragedia humanitaria, no hay datos oficiales sobre el número de víctimas y, sin importar qué tan bien se documente un caso, nadie es sentenciado por los abusos, deploró.

Por su parte, Iver Orstavik, asesor de la Fundación Rafto –colectivo noruego de derechos humanos que en 2010 premió a Vera por su labor en defensa de los migrantes–, llamó a los gobiernos del mundo a presionar a México para que cumpla con estándares mínimos en el respeto a las garantías individuales, aunque admitió que esa posibilidad es lejana.

Michelle Téllez, profesora de la Universidad Estatal de Arizona, vaticinó que el clima antimigrante en Estados Unidos va a continuar, debido a la tesis conservadora de que los indocumentados son un peligro para la seguridad nacional. La gente allá no entiende que las personas migran por necesidad, no por ser criminales.