n la aplicación del examen de evaluación para el programa de carrera magisterial –realizada ayer en el Distrito Federal y el estado de México– pudieron confirmarse las denuncias planteadas la víspera por diversos docentes, en el sentido de que cuadros magisteriales afines al grupo que controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vendieron la clave de dicha prueba, que permite a los profesores acceder a estímulos económicos.

La confirmación de las acusaciones es relevante, pues desvirtúa la confiabilidad del sistema de evaluación docente, el cual, pese a ser sometido recientemente a un proceso de reformas, arrastra vicios añejos asociados a la descomposición y el patrimonialismo con que opera el grupo controlador del SNTE.

Hace poco más de dos semanas, al presentar un acuerdo para la evaluación universal de los maestros y maestras de educación básica, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, prometió que en este tipo de pruebas privaría la transparencia y que los resultados de las mismas servirían para mejorar la formación continua y la profesionalización de los profesores. Los acontecimientos de este fin de semana, sin embargo, ponen esa afirmación en entredicho: si la venta de los exámenes aplicados a los docentes es, a lo que puede verse, una práctica común y extendida en el ámbito magisterial, es por demás cuestionable el vínculo causal establecido por el jefe del Ejecutivo entre la aplicación de los mismos y el mejoramiento de la calidad de la educación: a fin de cuentas, las evaluaciones altas no necesariamente corresponderán a los docentes mejor preparados.

En todo caso, resulta claro que, antes de anunciar con bombo y platillo supuestas reformas a los mecanismos de evaluación docente, sería necesario combatir prácticas como la referida, que hacen que tales instrumentos carezcan de sentido. En este último punto resulta obligado esclarecer las presumibles redes de complicidad y corrupción entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los presuntos integrantes del charrismo magisterial que vendieron las copias del examen: sin la connivencia entre funcionarios federales y miembros del sindicato no se puede explicar cómo una evaluación que es diseñada, resguardada y aplicada por la SEP pudo llegar a manos de los profesores días antes de ser aplicada.

Más allá de eso, una razón fundamental para desconfiar de que la evaluación de la docencia en el país forme parte de un esfuerzo efectivo por mejorar la actividad magisterial –y elevar, con ello, la calidad educativa de la población– es la alianza existente entre las autoridades federales y la camarilla sindical que maneja Elba Esther Gordillo, cuyos intereses políticos y económicos respectivos chocan de frente con los cambios necesarios para mejorar la enseñanza. Por un lado, en la lógica neoliberal con que se conduce el grupo que detenta el poder no parecen tener cabida medidas de obvia necesidad para el mejoramiento educativo, como la reorientación de las prioridades presupuestarias y el robustecimiento de los recursos públicos destinados a ese campo. Por otro lado, y como quedó de manifiesto –entre otros episodios– con los favores electorales prestados por la dirigente magisterial a la candidatura presidencial panista en 2006, la cúpula que controla el SNTE se conduce con un marcado interés político, para el cual la educación constituye una moneda de cambio para obtener impunidad, control, dinero y cargos públicos.

Para que las pruebas de evaluación de docencia tengan un mínimo de sentido, tendría que empezar por combatirse la corrupción imperante en el sector educativo que permite que prácticas como la referida se reproduzcan impunemente, y ello resulta improbable de lograr sin el fin de la alianza –de carácter político– que existe entre el Ejecutivo federal y la dirigencia del magisterio.