Más de 62 mil usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros excesivos desde diciembre de 2009, pero ni una sola vez se ha citado al personal de la paraestatal a una audiencia de conciliación.

La dependencia incumple así la propia Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) que la rige y los plazos que determina, denunció la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) en un mitin que congregó este viernes a decenas de personas durante al menos cuatro horas.

La Profeco, acusó, no hace valer su autoridad para defender a los consumidores y la ley es violada directa y recurrentemente por la CFE cada vez que personal de la paraestatal o de sus empresas contratistas cortan la luz y cambian los medidores, o pretenden hacerlo, en los domicilios de quienes se han inconformado, apoyada incluso de policías municipales y federales, cometiendo el delito de allanamiento de morada.

El artículo 113 de la LFPC indica que tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos, tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.

CFE viola la ley y desde este mes arreció las acciones contra los consumidores, insistió la ANUEE. Mediante escritos enviados a los usuarios, la paraestatal advirtió que a partir del 3 de junio iniciaría la suspensión del servicio por adeudos de facturación vencidos, de conformidad con los artículos 1, 7, y 26 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y que la reconexión indebida constituye un delito.

Sin embargo, los representantes de la ANUEE insistieron ayer que la citada ley no ha sido modificada y que los usuarios del Distrito Federal y el estado de México que eran abastecidos por Luz y Fuerza del Centro (LFC) no han firmado contrato con CFE, por lo que no proceden sus cobros ni los cortes de servicio.

Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien asesora a los usuarios inconformes, advirtió que, de continuar la inoperancia y demora de Profeco para atender las quejas, se interpondrá una demanda administrativa contra Bernardo Altamirano Rodríguez, titular de la dependencia, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y una denuncia penal en la Procuraduría General de la República.

Alargar recursos previstos en la ley es un delito y por ello el procurador debe aclarar por qué no ha dado respuesta a las quejas de miles y miles de usuarios contra CFE, dijo el abogado, y no descartó que se pida la renuncia del funcionario.

Mínima atención de quejas

La CFE –mostraron varios usuarios en el mitin– no deja de enviar recibos de entre 5 mil y hasta 15 mil pesos a familias de bajos ingresos de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl o Chimalhuacán o colonias pobres de Gustavo A. Madero, Iztacalco, Tlalpan, Iztapalapa y Coyoacán, donde los vecinos han organizado comités de defensa para impedir el corte del fluido, así como la sustitución de los medidores tradicionales por digitales por los que el personal de la comisión o de sus empresas contratistas pretenden cobrar 8 mil pesos y otros 500 por la instalación, así como 2 mil por un nuevo contrato.

Los recibos de entre 9 mil y 15 mil pesos triplican o cuadruplican el ingreso mensual de la mayoría de las familias, ya que equivalen al desembolso de 150 a 250 salarios mínimos, cuando la mayoría sólo percibe 60 salarios mínimos al mes o 3 mil 589 pesos.

A la fecha, hay 62 mil 400 quejas de usuarios interpuestas ante Profeco, mediante la asesoría de la ANUEE y de la ANAD, pero únicamente 700, es decir apenas 1.1 por ciento, han sido desahogadas, precisó Guillermo Juárez Padilla, secretario de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Profeco sólo reporta 16 mil 517 quejas contra CFE entre enero de 2010 y mayo de 2011, lo que representa apenas 26.4 por ciento de las que la ANUEE asegura haber presentado, pero la cifra de la dependencia incluye las quejas presentadas en todo el país y no únicamente en la zona donde operaba LFC.

Irasela Sánchez Pérez, fundadora de la ANUEE, refirió que Profeco ha reconocido que existe un rezago bastante considerable para atender las quejas de los usuarios de electricidad, porque no cuenta con el personal suficiente para atenderlas, aun cuando reconoce que por su número representamos un caso especial de atención para la dependencia, único en su historia.

Lo absurdo, coinciden Sánchez Pérez, Juan Carlos Escalante Aguilar y Juan Luis González, también integrantes de la ANUEE, así como el abogado Manuel Fuentes, es que 18 meses después de se entregó el primer paquete de quejas, Profeco no ha citado a CFE ni la ha obligado a acudir a las citas de conciliación, con lo que incumple su misión de promover y proteger los derechos de los consumidores y, en cambio, actúa como cómplice de la empresa de corrupción mundial.

El artículo 103 de la LFPC señala que Profeco notificará al proveedor dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción y registro de la reclamación, requiriéndole un informe por escrito relacionado con los hechos, acompañado de un extracto del mismo, pero ello no ha sucedido, insistió Irasela Sánchez.

Los representantes de la ANUEE exigían ser atendidos por el titular de la Profeco, pero debido a que éste se encontraba en Jalisco, fueron recibidos por el subprocurador de servicios, Ricardo Rodríguez Jiménez, quien lleva dos meses en el cargo y cuando permitió la entrada de la prensa únicamente para que tomaran fotos del encuentro no supo decir cuántas quejas había en la dependencia contra CFE.