Los ninis rurales

Plutarco Emilio García Jiménez

FOTO: Guadalupe Ortega

Hace tres décadas los jóvenes del campo no aguantaron más y emigraron a las ciudades, a otras regiones del país y al extranjero. Los hijos de los campesinos con tierra, y con mayor razón los que no la tienen, pasaron a formar parte de los millones de indocumentados en Estados Unidos y del ejército de reserva de la delincuencia organizada y del narco.

Ya desde entonces habían terminado los tiempos en que los campesinos e indígenas eran los productores esenciales de básicos y de materias primas. Ahora son las trasnacionales las que inundan el mercado interno, y para los campesinos la tierra ya no da para comer y ellos no son competitivos y no tienen ya nada qué hacer en el campo.

¿Quién quiere quedarse en un campo devastado, desforestado, erosionado, con muchas plagas, con la tierra privatizada y sin programas de gobierno que dignifiquen la producción campesina? En el campo sólo han quedado los viejos que sobreviven con una magra cosecha o con la renta de su parcela. La pobreza ya es crónica, en la última década, México fue el país de América Latina que menos avanzó en combatirla, y fue en el campo donde el número de pobres creció.

Las estrategias de supervivencia de los pobres rurales se basaban primordialmente en la diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas, en las remesas de los migrantes y en la agricultura de subsistencia. La falta de fuentes de trabajo en el medio rural sólo les deja como opción el comercio informal, que no es rentable en el campo; la remesas han disminuido, y muchos miembros de familias campesinas que habían migrado hacia Estados Unidos han sido deportados como ilegales; y para quienes desean cruzar la frontera norte, no sólo se exponen a ser expulsados por la migra, sino a ser extorsionados y asesinados por la delincuencia organizada. A millones de campesinos e indígenas mexicanos sólo les queda la agricultura de subsistencia.

El mundo de oportunidades de trabajo y educación que prometieron los gobernantes del Partido Acción Nacional (PAN) resultó un fiasco, no hay oportunidades de empleo en el campo; crece la carestía de alimentos, y hay un grave deterioro ambiental, una alarmante inseguridad, una crisis de valores y una gran descomposición social.

La educación, que debiera ser una prioridad, responde a los requerimientos del capital y de las grandes empresas, no a las necesidades económicas, sociales, ambientales y culturales del pueblo. En el campo han desaparecido escuelas que estaban destinadas a los hijos de los campesinos y pueblos indígenas, ha desaparecido la mayor parte de las escuelas normales rurales. Entre tanto, las decisiones políticas en materia educativa están a merced de la santa alianza del gobierno de Calderón con la dirigencia corrupta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la década reciente, la privatización de la educación en todos sus niveles ha crecido a pasos agigantados, mientras que la educación pública muestra un grave estancamiento, lo que explica un rezago educativo que afecta a más de 30 millones de mexicanos mayores de 15 años, de los cuales cerca de seis millones son analfabetos, y la mayoría de ellos están en el campo. Además de los miles de rechazados y excluidos de las instituciones de educación media y superior, más del 40 por ciento de jóvenes desertan de la secundaria y 60 por ciento de la educación superior.

Los que pudieron continuar sus estudios son formados con una conciencia individualista, donde la competencia y el éxito personal son valores fundamentales. El sistema educativo neoliberal es esencialmente urbano, busca la homologación del conocimiento y del pensamiento, y excluye a quienes no califican en sus esquemas de evaluación, que son precisamente los campesinos e indígenas.

Seguramente los jóvenes rurales no desean ser campesinos a la vieja usanza, pero la tierra es multifuncional y se puede realizar en ella una gran diversidad de actividades rurales no agrícolas de alta productividad; para ello, es imprescindible la realización de programas destinados al pequeño productor, ejidatario, comunero y minifundista, con la finalidad de elevar su capacidad para la producción de alimentos, tanto para su consumo, como para el mercado.

Recientemente se ha observado que la población urbana en extrema pobreza, ante la ausencia de alternativas de subsistencia en las ciudades, tiende a retornar a sus lugares de origen, para reincorporarse a los procesos de producción agrícola. Lejos de agravar la pobreza en el campo, este fenómeno puede contribuir a incrementar la producción agropecuaria, siempre que existan programas oficiales de inversión, adecuados y oportunos, tendentes a asegurar la soberanía alimentaria del país.

Pese al abandono por parte del gobierno, la agricultura campesina está demostran do, una vez más, su vitalidad y su capacidad de resistencia ante la crisis alimentaria actual. El campesinado no sólo es una fuerza social para el cambio, es una forma de concebir el mundo, es una forma de vivir (buen vivir) en armonía con la naturaleza, conservando valores y cuidando nuestra identidad cultural, nuestras semillas nativas y nuestro maíz. Por ello, alarma e indigna que el presidente Calderón, que ha regateado recursos para el campo y para la educación, haciendo apología de la violencia y del Estado autoritario, ofrezca buenos salarios a los jóvenes universitarios que se incorporen a los cuerpos policíacos; y que el gobernador de Chihuahua quiera reclutar a los jóvenes que no trabajan ni estudian (ninis), para que ingresen al ejército como carne de cañón en la guerra contra el narco. Esto es lo que ofrece el gobierno a la juventud.

Miembro fundador de la CNPA

¿Qué sabemos de los jóvenes en el campo?

Héctor M. Robles Berlanga

En los años recientes se han venido realizando estudios específicos sobre la presencia de las mujeres e indígenas en el medio rural, el impacto de la apertura comercial con Estados Unidos, la degradación de los recursos naturales y el impacto de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional, entre otros temas. Sin embargo, no se ha abordado la presencia de la población joven como grupo poblacional mayoritario en el campo. Para darnos una idea de lo que éste representa, el Censo de Población y Vivienda 2010 registró en localidades con menos de dos mil 500 habitantes, a 26.2 millones de personas, de las cuales 52.5 por ciento tiene menos de 25 años. En contraste, en localidades mayores a cien mil habitantes este sector representa sólo 44 por ciento. En el campo vive la población más joven del país.

Los 13.8 millones de personas con hasta 25 años de edad que viven en localidades menores a 2500 habitantes suman más que la totalidad de la población que vivía en nuestro país en 1910 y es prácticamente la misma que habitó en localidades pequeñas hasta 1950. Uno se pregunta qué alternativas tienen los jóvenes para incorporarse a las actividades agrícolas, ganaderas o forestales cuando la tierra ya tiene dueño y el sector no genera empleo.

Además, si a los 13.8 millones de personas con edades de hasta 25 años que viven en localidades pequeñas les sumamos aquellos que habitan en localidades de cinco mil a menos de 15 mil, nos da un total de 21.8 millones de personas.

Los propietarios de la tierra son de edad avanzada. La edad promedio de ejidatarios y comuneros es de 55.5 años. Al desagregar la información por grupo de edad, tenemos que 53 por ciento supera los 50 años y 24.5 por ciento tiene más de 65 años. Los propietarios privados tienen el mismo perfil:en promedio tienen 54.9 años. En cuanto a los grupos de edad, 57.6 por ciento tiene más de 50 años y un 24.5 por ciento más de 65 años. Puede considerarse que la edad avanzada de los titulares de la tierra es un fenómeno generalizado en nuestro país, independientemente de la tenencia de la tierra o de la región geográfica. Se aprecia un gran contraste al comparar ambas pirámides de edad: mientras que una parte importante de los dueños de la tierra se encuentra cerca de la fase final de su actividad productiva, la población rural es joven y demanda fuentes de empleo que van más allá de las actividades primarias.

La idea de que es imposible que todos alcancen un pedazo de tierra, ya sea mediante la herencia o por otra vía de transmisión, se puede observar con las cifras de los dependientes económicos. Las poco más de cuatro millones de unidades de producción (UP) registradas en el Censo Agrícola Ganadero 2007 tienen 11.6 millones de dependientes económicos, de los cuales 5.9 millones son menores de 18 años, lo que representa el 50.6 por ciento de los familiares. La opción de fraccionar la tierra es poco viable pues siete de cada diez propietarios tiene cinco hectáreas o menos y por cada UP hay más de dos posibles sucesores.

Otro de los problemas es que el sector no está generando empleo para los jóvenes. En los 50 años recientes ocurrió una pérdida de empleo: en 1960 se ocupaban en actividades agrícolas, ganaderas o forestales 6.1 millones de personas; para la década de 1990-200 la cifra bajó a 5.3 millones y para 2010 a 4.5 millones. Asimismo, los ingresos obtenidos por desempeñar estas actividades son de los más bajos: 36.2 por ciento percibe dos o menos salarios mínimos y 43.2 por ciento reportó no percibir ingresos. Los jóvenes no se están incorporando a este sector de la economía tanto por los bajos ingresos como por los pocos empleos que se generan.

La situación se agrava aún más, pues muchos de los que no reciben ingresos o perciben salarios bajos por trabajar en el campo son menores de edad. El Censo Agrícola Ganadero preguntó sobre los familiares que integran la mano de obra para la actividad agropecuaria y resultó que 23.5 por ciento eran hombres y 25.1 mujeres menores de 18 años. En total, 843 mil niños y jóvenes suman su fuerza de trabajo a la del resto de los integrantes de la familia, mantienen vínculos con este núcleo de pertenencia y apoyan la sobrevivencia del grupo familiar. En este caso, es probable que la familia aún cumpla, aunque con dificultades, su función como red social de soporte y protección.

Otro dato relevante es que entre aquellos que lograron estudiar una carrera técnico profesional, las orientaciones agronómicas no son la opción. De las 676 mil personas con 18 años o más con educación superior en localidades menores a dos mil 500 habitantes, sólo cinco por ciento estudió agronomía o veterinaria, mientras que 30.7 se fue a ciencias sociales, 21.4 a educación y 16.4 por ciento a ingeniería, manufactura y construcción. La falta de empleo y los bajos ingresos del sector alejan a las personas que pretenden o lograron estudiar una carrera técnico profesional.

La opción es la migración, así lo reflejan los datos censales. La población en localidades menores a dos mil 500 habitantes representa 23.4 por ciento de la población nacional, mientras que los migrantes de estas localidades son 38.7 por ciento del total de migrantes internacionales. En números absolutos, del 1.1 millón de migrantes, 430 mil provienen de las áreas rurales más pequeñas, contra 346 mil que salieron de localidades mayores a cien mil habitantes. Lo sintomático de esta gran movilidad de la población rural es que, si bien en términos relativos cada vez son menos las personas que viven en áreas rurales, en términos absolutos nunca habíamos tenido tanta población rural, que se distingue por vivir en condiciones precarias.

Para profundizar sobre la movilidad en áreas rurales, el Censo Ejidal 2007 preguntó sobre la permanencia de la mayoría de los jóvenes en sus núcleos agrarios. Los datos indican que en 41.2 por ciento de ejidos y comunidades la mayoría de los jóvenes había migrado, poco más de dos terceras partes a Estados Unidos, 25 por ciento a áreas urbanas dentro del país y sólo seis por ciento a zonas rurales. Los jóvenes ya no se interesan en emplearse o dedicarse a las actividades agropecuarias en nuestro país.

Por la escasez de empleo en el sector primario, los bajos niveles de ingreso que genera esta actividad y los altos flujos de migración, se puede afirmar que la mayoría de los jóvenes en el campo viven en condiciones precarias, no tendrán acceso a la tierra y sus posibilidades de acceder a ella están prácticamente canceladas, por lo que demandan opciones económicas alternativas, que el país no está creando.