La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva Ley de Ejecuciones Penales y Reinserción Social, publicada ayer en la Gaceta Oficial de la ciudad, por considerar que es contraria a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México.

Así lo informó el consultor jurídico del organismo, Fernando Francisco Coronado Franco, quien explicó que se está en el proceso de la elaboración del recurso, en el cual se cuestiona la utilización de estudios de personalidad para definir el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, previsto en dicha norma.

Mientras, ayer, rindieron protesta las dos nuevas jueces de ejecución que a partir de mañana entrarán en funciones tal y como lo marca la reforma penal constitucional. Se trata de Belem Bolaños Martínez y Beatriz Segura Rosas, quienes tienen laborando en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) nueve y 11 años, respectivamente, ocupando diversos cargos como secretarias proyectistas y de acuerdos en distintos juzgados penales.

El presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, señaló que se tienen 10 jueces más en reserva, los cuales entrarán en funciones siempre y cuando se aprueben los recursos y se cuenten con los espacios físicos para que puedan despachar.

Elías Azar manifestó su confianza en que con la entrada en vigor de la nueva ley no haya una avalancha de solicitudes de preliberación, aunque reconoció que sí serán abundantes, además de que podría haber tropiezos en las primeras audiencias de las juzgadoras, pues se trata de un esquema nuevo para el Poder Judicial.

También aceptó que esta etapa de la reforma penal no comienza con las mejores condiciones, como no tener jueces de ejecución en todos los reclusorios para evitar el traslado de reos a las audiencias en las que se definirá si pueden acceder a la libertad anticipada.

Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, la entrada en vigor de la figura de los jueces de ejecución es un ensayo de la reforma penal, y agradeció a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal que, en el caso de la capital del país, se iniciará esta tarea con la ley respectiva, a diferencia de otras entidades, incluida la Federación, que no cuentan con dicha normatividad.

Las nuevas jueces de ejecución tendrán entre sus funciones declarar la extinción o compurgación de una sentencia, así como resolver las solicitudes de internos en torno al beneficio de la preliberación.

El ministro Elías Azar afirmó que la Ley de Ejecuciones y Reinserción social permitirá abatir la sobrepoblación de las cárceles de la ciudad de México, aunque aclaró que esto no significa que hoy duermo en la cárcel y mañana despierto en libertad.