n ceremonia presidida por la señora Margarita Zavala, recientemente se anunció que los militares y los agentes de la policía federal recibirán capacitación en sicología infantil y criminología, en trato a menores de edad en situaciones de peligro. Todo con el fin de evitar los abusos y el asesinato de niños y niñas durante los operativos del gobierno contra el crimen organizado. En espera de los resultados de dicha capacitación y que no mueran más inocentes en la citada guerra, bueno es recordar que otros menores requieren protección de las autoridades.

Un ejemplo: en una entrevista exclusiva concedida a TVnotas, revista dedicada a revelar las virtudes y pecados de quienes integran el mundo del espectáculo, Kimberly de la Campa, ex prometida del cantante Kalimba, denunció que ella y su hija de cinco años habían sido víctimas de abuso sexual por el ex integrante del grupo musical OV7. Por ello presentaría una denuncia penal ante la autoridad correspondiente. La entrevista  fue luego reproducida y comentada en diversos diarios y en los espacios radiales y televisivos que se ocupan del medio artístico. A cambio de no denunciarlo Kimberly exigía millonaria indemnización.

Kalimba no sólo se declaró inocente de tamaña acusación, sino que, ante la autoridad competente, demandó a su ex prometida por amenazas, difamación e intento de extorsión. Mientras el asunto recibía trato amarillista en algunos medios, el cantante y su ex acordaron (con abogados de por medio) la mejor manera de terminar el penoso asunto sin intervención de las autoridades. Como resultado Kalimba se desistió de la demanda que entabló contra Kimberly. Y anunció que, pese al daño moral y personal que le habían causado, no procedería legalmente contra la revista que publicó la entrevista donde se detallaban los supuestos abusos cometidos contra Kimberly y su hija. Lo más importante para mí era demostrar mi inocencia y que todo eso era una calumnia, dijo.

El rumor creciente es que la ex prometida vendió en exclusiva a TVnotas la entrevista donde denunció delitos que no existieron. La realidad es que la publicación no aclaró en sus ediciones posteriores la falsedad de la grave acusación. Se ignora si exigió el dinero que pagó por la exclusiva. Lo cierto es que ninguna autoridad de la capital del país y tampoco las federales que presumen de cuidar a los niños buscaron proteger el buen nombre y la integridad moral de la que nunca fue abusada. Tampoco procedieron contra la madre de la criatura por mentir con tal de obtener dinero y, de paso, vengarse de quien fue su novio.

No se extrañe entonces, lector, si pronto nos sorprenden con más acusaciones sin sustento que algunos medios aprovecharán para aumentar pasajeramente lectores o rating.