l representante demócrata por el estado de Nueva York, Anthony Weiner, anunció ayer su dimisión al cargo tras las presiones ejercidas en su contra por las dos bancadas del Congreso de Estados Unidos. Weiner fue defenestrado por legisladores republicanos y por sus propios correligionarios luego de que se reveló la publicación, a través de su cuenta de Twitter, de fotos en las que el ex congresista aparece semidesnudo, y tras admitir que tuvo intercambios de contenido sexual por medio de esa red social.
La renuncia de Weiner pone en evidencia una deplorable confusión entre la esfera pública y la privada que, por desgracia, se ha vuelto norma en la nación vecina: así lo demuestran, entre otros precedentes, el escándalo Clinton-Lewinsky, que estuvo a punto de poner fin en forma prematura a la gestión del ex mandatario estadunidense; la renuncia, en marzo de 2008, del gobernador demócrata de Nueva York, Eliot Spitzer, quien fue fustigado por contratar los servicios de una sexoservidora, y la dimisión, en marzo pasado, del congresista republicano Christopher Lee, acusado de intentar ser infiel
a su esposa por medio de un sitio de Internet.
El común denominador de esos episodios es la colocación, en el centro de la vida política estadunidense, de asuntos de carácter estrictamente privado, que no debieran concernir más que a los directamente involucrados –o, en todo caso, a sus respectivos entornos familiares y afectivos– y que debieran carecer de cualquier relevancia política e institucional. Semejante falta de discernimiento, que denota un enorme atraso cívico en el país vecino, permite desvirtuar la integridad de representantes y servidores públicos al margen de consideraciones sobre la eficacia y probidad en el desempeño de sus funciones: en el caso que se comenta, el principal afectado es un representante que se había forjado una destacada carrera política y que era considerado, antes de este escándalo, como el principal aspirante de su partido a contender por la alcaldía de Nueva York en 2013.
Por otra parte, el hecho referido es un indicador claro de la doble moral que impera en Estados Unidos: en el país que proclama ser el de las libertades, los valores democráticos y la legalidad, se pone fin a la carrera política de un representante por un escándalo de infidelidad real o virtual, pero se tolera la impunidad de un ex presidente que mintió a la opinión pública, involucró a la nación y a sus aliados de Occidente en una cruzada bélica injusta, colonialista y criminal en la que han muerto decenas de miles de personas –muchos ciudadanos estadunidenses incluidos–, toleró actos de corrupción en su entorno empresarial cercano y sumió al gobierno de Washington en una debacle política, diplomática y moral de la que no acaba de recuperarse.
Finalmente, a la luz del caso comentado, debe señalarse la importancia de que nuestro país se mantenga al margen de estas prácticas de destrucción de carreras políticas por razones estrictamente personales, que como tales no deben ser juzgadas por la opinión pública ni por funcionarios y representantes populares.
La advertencia viene al caso porque en años recientes se ha incurrido en México en la imitación vulgar de prácticas de la política estadunidense, como la profusión de campañas electorales basadas en el marketing político y el entronizamiento de los lobbies empresariales, financieros y religiosos en los procesos legislativos y en la toma de decisiones públicas. Cabe esperar, en suma, que esa tendencia no revierta la capacidad que la sociedad mexicana ha mostrado hasta ahora para conservar la distinción entre lo público y lo privado.
