La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra) ejerció acción penal contra Saúl Blancas Tamayo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada en agravio de niños y niñas de un plantel escolar ubicado en la delegación Iztapalapa.

Blancas Tamayo se desempeñaba como conserje del jardín de niños Andrés Oscoy Rodríguez, ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco, donde presuntamente cometió los ilícitos en agravio de los menores aprovechando su empleo para someterlos sexualmente y amenazándolos para que no relataran a nadie lo sucedido.

La investigación ministerial se inició a partir de la denuncia que la madre de una de las víctimas interpuso ante la Fevintra, que derivó en la aprehensión y la posterior consignación de Saúl Blancas, quien fue ingresado al Reclusorio Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que practicó exámenes médicos a tres menores de dicha escuela, cuyos padres sospechan que fueron víctimas de abuso sexual por Blancas Tamayo.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que de encontrarse evidencias de que los menores fueron víctimas de abuso sexual, se dará parte a las autoridades federales, que tienen a cargo la investigación, toda vez que el acusado es empleado federal.

El funcionario rechazó que el Ministerio Público en Iztapalapa se haya negado a atender a los padres de familia que se presentaron a denunciar posibles afectaciones a sus hijos; explicó que se les informó que el caso está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, ante la petición de los quejosos se decidió actuar como auxiliador para determinar si hay más víctimas, además de las que originaron la investigación.

La diputada local del PRD Aleida Alavez pidió que se investigue a fondo y se castigue a los responsables del presunto abuso sexual de menores de edad, que según versiones de los padres de familia podrían ser unos 30.

En entrevista, la legisladora exigió la instalación de una mesa de trabajo entre la dependencia federal, el DIF local y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que se tomen en cuenta los protocolos establecidos en reformas legales recientes para la protección de la infancia, según las cuales los menores no deben ser careados con el agresor, deben ser asistidos por personal especializado durante las audiencias y recibir atención sicológica que les permita superar la agresión de que fueron objeto.

La delegación Iztapalapa informó a su vez que, si bien la PGR está a cargo de la investigación, el gobierno delegacional apoyará a los padres de familia con transporte para que acudan a las instancias donde tengan que declarar o presentar sus denuncias.

Además, dará seguimiento al proceso, se les dará asesoría jurídica gratuita y se les impartirán talleres de sexualidad para afrontar el problema.

Con información de Claudia Álvarez