El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Lara Rivera, reconoció que la finalidad de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es darle certeza jurídica a la utilización del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia organizada.

Ayer, al concluir las consultas sobre la minuta del Senado –que realizó la Comisión de Gobernación–, el funcionario pidió a los legisladores cerrar filas para que la discusión de la reforma tenga un buen final, para que todas nuestras instituciones y la sociedad estemos con un paso adelante en el marco jurídico de la seguridad nacional.

El subprocurador planteó que se debe dar mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas para complementar, robustecer y ver hacia el futuro sobre los nuevos desafíos que se van a presentar en el combate al crimen.

Sin embargo, la diputada Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad, sostuvo que legalizar el empleo de las fuerzas armadas contra la delincuencia no es una solución, e insistió en la postura de la diputación perredista en el sentido de que la reforma no acota al Presidente en una política de seguridad de corte militar.

Señaló que las fuerzas armadas no deben ser ocupadas para declarar estados de excepción, sino requerirlas sólo cuando haya eventuales riesgos de orden interno y únicamente si existe previa autorización del Congreso.

Por la mañana, las comisiones estatales de Derechos Humanos de Hidalgo y Morelos cuestionaron que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional insista en forzar la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, con el consecuente desgaste de su imagen y alejamiento de la población a la que deben defender.

El ombudsman de Hidalgo, Raúl Arroyo González, resaltó ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que la minuta del Senado explícitamente no define que se quiere mantener a las fuerzas armadas en la calle, pero que ése es el objeto de la reforma. También se quiere, reprochó, que sustituya a las fuerzas de seguridad pública y en algunos casos, casi de manera imperceptible, incluso al Ministerio Público.

Dijo que el ejemplo más nítido de este panorama de desgaste y uso discrecional del Ejército fue la incursión militar y aprehensión de Jorge Hank Rhon, en Tijuana, por militares.

Se mostró la condición activa del Ejército en tareas que están debidamente reguladas en la Constitución. Podemos cuestionar a la juez que dictó el auto de libertad (a Hank), pero ahí están sus razonamientos fundados en la disparidad del comportamiento y de la acción del Ejército en el marco constitucional, indicó.

Manuel Smith Vázquez, consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, expuso que la minuta señala que el Presidente de la República podrá utilizar al Ejército cuando se considere que hay una afectación a la seguridad interior y se rebase la capacidad de las fuerzas estatales.

Pero no dice que es para combatir a la delincuencia organizada, y tratándose de un asunto tan delicado, que inevitablemente afectará al bienestar general, estos detalles deben de ser muy específicos, expuso.

Consideró necesario ampliar el alcance de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque como está redactada la minuta y el documento de trabajo presentado por el PRI, se reduce a una visión bélica donde sólo la fuerza armada puede actuar.

Como están redactados ambos documentos, señaló, se excluyen problemas que debían considerarse de seguridad nacional, como la pobreza extrema, la dependencia tecnológica y el descenso en las reservas de petróleo. Los anteriores son también temas de seguridad nacional pero, ¿tendrían que intervenir los militares para evitar que se acaben las reservas? No, no hay forma, expresó.