os efectos del operativo en contra de la delincuencia que se implementó por mandato de los gobernadores de todo el país parece que ha empezado a golpear a la criminalidad, pero aunque no se crea, donde más se ha sentido la fuerza del quehacer de los funcionarios es en el flanco verde del combate, y por más que no se crea, en los planes y proyectos del gobierno del estado de México, que mira hacia 2012.

Entre los gobernadores, principalmente los norteños, existió, o mejor dicho, existe el temor, ellos dicen que fundado, de que la supuesta o real inoperancia de las policías locales pudiera servir de argumento inapelable para una eventual militarización de algunas porciones importantes del país.

Esto, según nos han dicho, tiene que ver con el proyecto de ley de seguridad que se impulsó desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto por medio del ex procurador de la entidad, Alfonso Navarrete Prida, que daba la posibilidad de poner a los militares en las calles de muchas ciudades del país, con todas la facultades que puede dar un estado de excepción, y que definitivamente menguaría el poder de los gobernadores.

Los escenarios que empezaban a configurar esa posibilidad comenzaron a despedir aromas de certeza entre discursos y declaraciones que descalificaban el trabajo de las policías locales. Se las acusó de corruptas, de incapaces, de no poder frenar la olas de criminalidad que llenaron de desgracia a muchas familias mexicanas.

Mientras, los militares se quejaron de lo poco que podían hacer. Se habló, por ejemplo, de que en Ciudad Juárez los soldados eran sembrados en las esquinas de las calles, pero, impedidos por ley para actuar, “sólo miraban pasar las caravanas de camionetas, que seguramente pertenecían al narco, y no se las podía detener”. Por tanto, ampliar sus facultades resulta un requisito indispensable para llevar la guerra a resultados más favorables para la autoridad militar, según se ha explicado a los propios gobernadores desde el lado verde, y eso sólo podía ser posible con un cambio en la ley o con la declaración de estados de excepción en vastas regiones, con prioridad en el norte del país. Eso nos informaron.

Urgía, entonces, una acción para debilitar el argumento que amenazaba con mutilar el poder de algunos gobernadores. La militarización era casi inevitable. Por eso, cuando por fin se llegó a un acuerdo para efectuar el operativo Conago 1, el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, que en estos momentos encabeza el cónclave, hizo el anuncio, lo que en varios centros del poder se interpretó como un golpe.

Hasta ayer el operativo nacional parece tener resultados positivos, y lo más importante, no se informa de violaciones a los derechos humanos en ninguno de los frentes. Eso no quiere decir que así vaya a suceder en lo que resta del programa, pero demuestra que sí es posible, con los elementos que se tienen para resolver los problemas de delincuencia locales, arribar a estrategias de seguridad que impidan someter al país a un clima que cancele derechos fundamentales para la vida en libertad.

De pasadita

En Cuajimalpa, el delegado bimbo decidió que él nada tenía que hacer con la gente de la delegación de mayores necesidades y de menores recursos, y dedicó sus afanes a atender a la gente de Santa Fe. El resultado, por lo pronto, se puede mirar en el enfrentamiento que colonos y policías escenificaron en el poblado de San Lorenzo Acopilco.

Y, visto de cerca, el zafarrancho no fue porque los policías trataran de salvar a un trío de ladrones que había hecho del poblado su centro de operaciones; tampoco porque la gente de San Lorenzo quiera tomar la ley en sus manos para siempre. Más bien se trata de la gravísima ausencia de gobierno por aquella zona del DF. Nadie impide que roben, nadie hace caso de las denuncias, nadie quiere entender lo que sucede a esa gente, entre otras cosas porque el delegado Santa Fe sólo sabe pedir dinero para mejorar la vida de la porción más rica de Cuajimalpa. Así gobiernan los azules.

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