l fin de la estrategia de guerra, la desmilitarización de las funciones policiacas, la cancelación de la Iniciativa Mérida y otros proyectos castrenses con Estados Unidos, son parte del Pacto Nacional Ciudadano, planteado en Ciudad Juárez por la Caravana por la paz y grupos de esa entidad (La Jornada (J), 11-6-2011 p.2). Poco después, en Los Ángeles, California, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a connacionales a unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y advirtió que los problemas binacionales no se resolverán “con militarización, razzias, deportaciones, discriminación racial y violaciones a derechos humanos”(J,13/6/2011p.9).

En El Paso, un grupo de texanos y los mexicanos ahí refugiados, desalojados con violencia de su país junto a otros 240 mil a lo largo y ancho de esa gran y codiciada franja del territorio nacional, recibían a la Caravana. Una defensora de derechos humanos, exiliada a pesar suyo en Texas, preguntó a Javier Sicilia: En qué momento perdimos nuestro México? (J. 12/6/2011p.6). La respuesta, centrada en cómo recuperar el tejido social, socavado por la “guerra al narco” auspiciada por Estados Unidos desde Los Pinos, se desahogó durante esa movilización ante el dolor de las miles y miles de víctimas de la guerra y de la militarización de la seguridad pública. El narcotráfico, dijo Sicilia a los texanos, ...no es un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública. Tienen que impedir ese Plan Mérida, que alimenta la violencia o serán cómplices de ese crimen de lesa humanidad en México.

Mientras la Caravana avanzaba hacia Ciudad Juárez, visibilizando a las víctimas y las tragedias familiares, diputados del PRI afines a Peña Nieto, su aspirante presidencial, impulsaban una Ley de Seguridad Nacional que, para abatir el hedor de autocracia y sometimiento, legaliza la militarización de la seguridad pública, eje de la agenda de Estados Unidos en México, centrada en el anexionismo castrense, que nos muta en protectorado al cancelar la función de defensa nacional a favor de su Comando Norte, que la captaría por el desgaste de las Fuerzas Armadas en la guerra al narco donde el enemigo está entre los civiles. La meta es arribar a Los Pinos dando continuidad trans-sexenal, con cobertura legal, a esta atroz carnicería entre mexicanos. ¡Seis años más!. Así lo recomendó en octubre, desde Toluca, John D. Negroponte, ex director del National Intelligence Council, máximo ente del espionaje de Estados Unidos.

En contraste, AMLO abogó por una relación de respeto con Estados Unidos, donde la cooperación sea por el desarrollo y no militar y advirtió que México nunca será base militar, protectorado ni colonia de ningún país extranjero. En lugar del Plan Mérida y de que nos entreguen armamento y helicópteros necesitamos reactivar la economía, crear empleos y evitar que nadie, por necesidad, tenga que verse obligado a emigrar. Este mensaje y el de Ciudad Juárez cobran urgencia en el contexto de crisis general y múltiple del capitalismo y el inminente riesgo de un estado policial-militar instaurado en función de la depredación de monopolios y oligarquías (proyecto 2030).

Los de alto ingreso no pagan impuestos en Estados Unidos. Aquí tampoco. Lo hace Pemex, mientras el abultado gasto militar, el dispendio y la polarización socio/económica se amplían. Allá está en curso algo mayor que la crisis de los años 30, con graves secuelas acá: la caída inmobiliaria es peor que entonces; el desempleo crónico no cesa y según los economistas Anna Schwartz, James Galbraith y Nouriel Roubini, si en los 1930 los bancos enfrentaron una crisis de liquidez, hoy son totalmente insolventes. Como insolventes son los rescates billonarios de Wall Street y luego del 11/9, los diseños policial/militares para apoyar lo insostenible.

La guerra antiterrorista o al narco es, en realidad, guerra irregular al pueblo mexicano y su nación, por lo que urge la movilización ciudadana a todo nivel y ante diputados y senadores.

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