Joven desaparecida estaría en Venezuela

La joven desaparecida hace nueve meses en las inmediaciones de Ciudad Universitaria podría estar en Venezuela, confirmó su padre, Javier Morlett, al acudir a la embajada de dicho país a solicitar su intervención. Explicó que hoy se sabe que la desaparición de su hija Adriana está relacionada con el crimen organizado, y aunque no confirmó que se trate de una red de trata de personas, llegó acompañado a la embajada de personal de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. El padre de Adriana dijo que las autoridades de la embajada de Venezuela los recibieron con gran atención sobre el caso. La investigación actualmente se encuentra a cargo de la PGR, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Seguirán presentaciones de delincuentes: PGJDF

El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, descartó que suspendan las presentaciones de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación, luego de que la CDHDF impidió que se hiciera esto con seis presuntos secuestradores. El funcionario afirmó que esta práctica se da en cumplimiento al derecho a la información y de las víctimas de poder reconocer a quienes posiblemente fueron sus victimarios. Precisó que se mantiene una negociación con la CDHDF con el propósito de reafirmar las reglas para llevar a cabo estas presentaciones. Vamos a llegar a un punto de coincidencia, dijo, y yo esperaría que la próxima semana estaríamos informando ya una línea de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos local.

Pide la CDHDF a Ebrard que vete ley de Ejecuciones penales

La CDHDF solicitó al jefe de Gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard Casaubon, vetar la Ley de Ejecuciones Penales y Reinserción Social, aprobada hace unos días por la ALDF, por considerar que contraviene tratados internacionales de derechos humanos y la reforma constitucional relacionada con el sistema de justicia penal. La norma, que entrará en vigor el próximo domingo, señala las funciones de los nuevos jueces de ejecución, quienes serán los encargados de definir el otorgamiento de beneficio de la libertad anticipada. Sin embargo, para la CDHDF la ley genera sanciones por quién es la persona y no por el delito que cometió, al introducir estudios técnicos de personalidad de los reos, lo cual está en conflicto con el acto jurídico por el que fue condenado. El organismo señaló que es necesario armonizar los procesos legislativos de la ciudad con el deber de proteger a la persona frente a actos que constituyan violaciones a los derechos humanos.