Las relaciones de violencia son un producto social que se genera y perpetúa en la familia a partir de la conformación de una estructura jerárquica, según la cual cada uno de sus miembros tiene derecho a controlar a los demás por cualquier medio, incluida la agresión.

Estas estructuras verticales de poder las ha propiciado el Estado al confiar en que los mecanismos internos de la familia eran suficientes para establecer en su interior pautas democráticas de conducta que debieron permitir la solución pacífica de los conflictos entre sus miembros, señaló Rosa María Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a propósito de la presentación del libro Uniendo voces contra la violencia familiar y de género.

La investigadora universitaria se refirió al fracaso de la familia en el sentido de que debido al ejercicio de poder desigual que se da en su interior, devino en el ámbito más propicio para generar relaciones violentas, cuando debía ser el espacio más protector para sus miembros.

Explicó que a partir de la década de los 90 se dio un replanteamiento en las relaciones Estado-familia para atender la violencia familiar, lo que supuso la intervención del Estado, a través del derecho, para regular y castigar conductas violentas contra los más desprotegidos: mujeres, hijos, adultos mayores y personas con discapacidad.

La publicación compila las opiniones, experiencias y alternativas de académicos y activistas que trabajan para lograr la equidad de género y aborda dos líneas temáticas fundamentales: la violencia de género y la intrafamiliar.

Sobre la primera, el libro recupera la experiencia de académicas como Marcela Lagarde, Olga Bustos Romero y Ángela G. Alfarache; activistas como Margarita Guillé Tamayo, ex directora de la Red Nacional de Refugios y Wendy Figueroa, directora general de Fortaleza, y servidoras públicas como Alicia Elena Pérez Duarte, quien fungió como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF y fiscal especial en la Procuraduría General de la República.

Las investigadoras y defensoras de los derechos de las mujeres explican el concepto, génesis, abordamiento y alternativas ante la violencia feminicida, más allá de los aparatos gubernamentales destinados a ello.

Los esquemas tradicionales son tan rígidos y misóginos que parece más fácil ayudar a las mujeres víctimas de violencia desde espacios distintos, reflexiona Pérez Duarte.

La violencia familiar, en tanto, se aborda por académicos y terapeutas desde la sicología y la sociología con artículos que desmenuzan sus causas y efectos en personas vulnerables como aquellas con discapacidad, adultos mayores y niños.

La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, toda vez que disminuye su participación en el mercado laboral y genera menor productividad, lo cual representa un alto costo socioeconómico para el país, ya que el sexo femenino representa 50 por ciento de la fuerza laboral, expone la publicación, editada por Fortaleza, Centro de Atención Integral a la Mujer IAP.