rescientos 10 mil policías estatales saldrán a las calles esta semana para detener a quien encuentren en su camino, con tal de aparentar que cumplen con su trabajo. Desde anoche a las cero horas hasta el próximo domingo 19 de junio, se llevará a cabo un megaoperativo organizado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el cual, ante la presión por entregar resultados inmediatos, se revisará e interrogará indiscriminadamente a miles de ciudadanos inocentes y se allanarán cientos de domicilios, en franca violación al artículo 16 constitucional. Más que un operativo, esto será una redada nacional.

Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, anunció esta acción como una señal de unidad entre los 32 mandatarios locales, ya que independientemente de nuestro origen, trayectoria y aspiraciones políticas, estamos trabajando por la seguridad. Tiene razón el jefe de Gobierno. Con acciones como éstas, Ebrard demuestra que él en particular, y la izquierda en general, no ofrecen nada distinto a los otros partidos políticos en cuanto a estrategias para combatir la delincuencia.

No es gratuito, por ejemplo, que Ebrard haya emitido su grandilocuente mensaje acompañado del gobernador de Chihuahua, César Duarte, un político priísta que ha demostrado ínfimos resultados en materia de seguridad pública, así como nula sensibilidad social. Del mismo modo en que Felipe Calderón ha querido combatir el narcotráfico con vistosos “operativos conjuntos” y estrategias mediáticas, hoy los titulares de las entidades federativas emulan al maestro.

Oficialmente el operativo busca detener el robo de vehículos, a transporte y a pasajeros; desalentar la comercialización de autopartes robadas; recuperar automotores con reporte de robo en todo el país; combatir el secuestro; detener a los probables responsables que tengan pendiente el cumplimiento de una orden judicial; desarticular bandas criminales y verificar los carros con vidrios polarizados o sin placas en toda la República. Estos delitos aparentemente representan entre 65 por ciento y 70 por ciento de los actos delictivos que afectan a la ciudadanía y son parte del catálogo de delitos de alto impacto social, aprobado por la Conago en febrero de 2010.

Nadie puede estar en contra de que los policías hagan su trabajo, pero habría que preguntarnos por qué haría falta un “operativo nacional” para que esto ocurra y por qué éste se aplicará solamente una semana. ¿Acaso no necesitamos que los policías siempre actúen en coordinación y persigan los delitos de alto impacto? Asimismo, si realmente fuera necesario concentrar los esfuerzos en una semana, primero se tendría que llevar a cabo la acción en sigilo para no alertar a los criminales y después anunciar los resultados de la acción.

Por lo demás, este megaoperativo mediático coincide con el lanzamiento de una nueva propuesta de los procuradores de justicia de las entidades federativas en favor de autorizar el arraigo para todos los delitos graves del fuero común. Actualmente, esta arbitraria figura del arraigo, que abusivamente elimina la presunción de inocencia, únicamente se puede utilizar para casos de crimen organizado a escala federal. Sin embargo, los procuradores proponen una reforma constitucional para que los policías judiciales locales también puedan detener y encarcelar hasta por 80 días a casi cualquier persona sin siquiera abrir una averiguación previa. Se cancelarían así nuestros derechos más básicos y ello nos dejaría a un paso del establecimiento de un Estado policiaco.

La PGR defiende la propuesta señalando que el arraigo es una medida cautelar que ha probado su eficacia en la medida que permite el desahogo de las diligencias de investigación de una manera correcta, y no se ha acreditado que sea un elemento de abuso o ineficaz. Casos como el famoso michoacanazo, dirigido por la actual procuradora Marisela Morales, desmienten de manera contundente tales afirmaciones.

Así que en lugar de depurar y profesionalizar la policía en preparación para la eventual necesidad del retiro de los militares de las calles, se busca garantizar que las fuerzas civiles tengan la misma impunidad y margen de acción de que han venido gozando las fuerzas armadas. La aprobación de la propuesta de los procuradores institucionalizaría para siempre la lógica que ya de por sí caracteriza el modus operandi de los policías del país, que primero detienen e investigan después, algo que se desplegó a todo color en el caso Hank Rhon.

En una semana se cumplen tres años de la tragedia del News Divine, donde murieron una decena de jóvenes por negligencia policiaca. Urge un cambio radical de lógica para privilegiar la investigación y la prevención de los delitos por encima de la detención en flagrancia y la criminalización de la juventud. En lugar de apoyar redadas nacionales y reformas constitucionales retrógradas, o implementar nuevos operativos policiacos en contra de fiestas juveniles (véase las declaraciones recientes de la CDHDF: http://bit.ly/iCfdEq), tanto el gobierno de la ciudad de México como los estatales tendrían que marcar un alto a la estrategia suicida de Calderón y demostrar con el ejemplo que es posible conquistar la paz sin agredir a la sociedad.

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