Buenos Aires, 12 de junio. Cuatro organismos de derechos humanos denunciaron una campaña contra las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y advirtieron que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no puede ser manchada ni atacada por ningún grupo económico ni político que intente desprestigiar el arduo camino recorrido en más de treinta años.

Una trama de mentiras y falsas declaraciones en los medios ligados a la derecha política local parece destinada a desviar el eje de los sucesos en la lucha contra la impunidad, cuando se llevan adelante una serie de juicios contra los mayores responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

Madres línea fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares e Hijos de Desaparecidos señalaron en comunicado que en momentos de juicios históricos y de la exigencia del cese de la impunidad para los cómplices civiles, vemos a sectores vinculados con crímenes políticos y económicos del terrorismo de Estado intentar ensuciar los pañuelos blancos (símbolo de las Madres de Plaza de Mayo), abrazados por todo el pueblo, incluso por el mundo entero.

También señalan que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son un ejemplo histórico en materia de compromiso y derechos humanos, y que surgieron del dolor más profundo que significa el habernos arrancado a nuestros familiares y habernos negado durante tantos años el derecho a la justicia.

Se refieren a las consecuencias de la dictadura que dejó 30 mil desaparecidos y aplicó un siniestro plan sistemático de robos de niños secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio, durante la dictadura.

Consideran que no parece casual que ésto suceda cuando se comenzó a investigar la participación de los grupos económicos en el genocidio y que se manipule la información sobre Sergio Schoklender, quien administraba el proyecto sueños compartidos de la Fundación Madres, que preside Hebe de Bonafini.

El grupo de Madres que dirige De Bonafini será querellante a partir de este lunes en la causa y se declararon estafadas por personas en las que creyeron y a las que ayudaron.

De Bonafini sostiene que había depositado toda su confianza en Schoklender, pero también destacó que las casas fueron construidas, que es una obra verificable y que los trabajos continuarán.

Los organismos también señalan la coincidencia de esta campaña con el avance en una causa que comenzó hacia diez años para investigar la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados en un proceso irregular, en 1976, en el auge de la dictadura, y que podrían ser hijos de desaparecidos.

Noble de Herrera , directora del diario Clarín y dueña del más fuerte grupo de medios concentrados aquí, ha obstaculizado la causa y se niega a que se haga un ADN a los jóvenes para compararlos con los que registra el Banco de Datos Genéticos, que ya logró identificar a más de cien hijos de desaparecidos.

El comunicado repudia además la utilización que se hace de esta situación “en una época electoral como una herramienta de ataque sin límites para intentar desprestigiar la honrosa tarea de las Madres y los demás organismos, y para agredir al gobierno que desde la gestión de Néstor Kirchner y la de Cristina Fernández decidió hacer política de Estado en la histórica lucha contra la impunidad que protagonizaron estas entidades.

Un grupo de ex combatientes de la Guerra de Malvinas (1982) denunciarán a Gran Bretaña por crímenes de guerra al obligar a soldados argentinos capturados a trasladar municiones durante el conflicto bélico, los que provocó la muerte de tres de ellos.

El ex soldado y apoderado de una Comisión de Familiares de Caídos, César Trejo, dijo a la agencia oficial Télam que las principales pruebas para la causa no sólo son los testimonios de los ex combatientes prisioneros, sino que existe un acta firmada el 1 de junio de 1982 por cuatro oficiales argentinos y un inglés, después de una explosión y relata que uno de los fallecidos fue ejecutado de un tiro, mientras el cuerpo se le prendía fuego a causa del fósforo que lo había bañado. Esto sucedió después de la captura de un regimiento en Darwin.

Uno de los sobrevivientes –Raúl Vallejos- nacido en la provincia del Chaco perdió una pierna y es testigo de los hechos.La investigación fue activada luego de la publicación en 1992 del libro Excursión al infierno del ex cabo inglés Vincent Bramley en el que el ex oficial británico denuncia ejecuciones a prisioneros argentinos.