La Secretaría de Gobernación (SG) aseguró que la auditoría que inició la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la dirección general adjunta de Juegos y Sorteos es en respuesta a una petición de Bucareli para revisar los procesos en la expedición de estas autorizaciones, y no para indagar sobre uno de los permisionarios, el empresario Jorge Hank Rhon, acusado por la Procuraduría General de la República de acopio de armas.

Reconoció, sin embargo, que el área se encuentra en restructuración y ello incluye someter al personal a exámenes de control de confianza. La revisión integral arrojará conclusiones hasta la etapa final de este año.

Desde temprana hora del viernes se difundió por diversas vías información que esta área de la SG había sido tomada por auditores de la SFP. Más tarde, el responsable de este sector, Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno, convocó a una improvisada conferencia de prensa para precisar que la auditoría se inició a solicitud de la propia SG.

Según el funcionario, esta acción se desarrolla en el contexto de un programa de mejora continua de los servicios de esta área y no por la averiguación que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Incluso mencionó que las diligencias de estos contralores responden a una protesta que en la víspera hizo en las inmediaciones del Palacio de Cobián la diputada perredista Lizbeth García Coronado, quien es también secretaria de la Comisión de Turismo.

Precisó que la auditoría sólo revisará asuntos internos y conductas de funcionarios públicos, en principio porque a la SFP no le corresponde analizar la situación de los permisionarios, e insistió en que vincular esta indagatoria administrativa al caso Hank no corresponde a la realidad.