En el momento actual, la responsabilidad del Estado mexicano, de sus instituciones, de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto, debe enfocarse en profundizar el diálogo franco y abierto que reconozca la seguridad nacional como el derecho que garantiza y que legitima el ejercicio de los derechos humanos y garantías individuales del pueblo mexicano, expresó el abogado, Alfonso Suárez del Real.

El ex legislador y especialista en seguridad nacional presentó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, su ponencia Seguridad nacional derecho omnigarante que legitima el ejercicio de los derechos y garantías individuales, en la que establece que, ante el embate de la violencia delictiva y ante las opiniones encontradas de actores gubernamentales, políticos y sociales, resulta imprescindible encontrar, para la paz que exige la sociedad, los caminos honorables, rutas que sólo pueden ser transitadas por el respeto a los derechos humanos y por el reconocimiento a nuestra soberanía –entendida ésta en todas sus acepciones– y por la integridad de nuestra nación asentada en el pacto federal.

El abogado considera en su trabajo que el rechazo social en torno a la reforma de seguridad nacional es producto de una lectura sesgada por la cultura de simulación política, que fortalece un falso dilema de militarización por sobre el dramático riesgo de colapso de la seguridad colectiva como derecho omnigarante de los muy esgrimidos y citados derechos humanos como argumento en contra de la solución legislativa que se debate.

Por tanto, mantener la indefinición legislativa en el tema se antojaría suicida frente a una sociedad ávida de paz con justicia y dignidad, de estabilidad social y de seguridad pública e institucionalidad en el gobierno.

Legítimas exigencias expresadas en acciones ciudadanas, como la Caravana por la Paz, y que ante la incomprensión y el temor electoral del aparente costo político, fortalecen su oposición a reconocer la gravedad del problema en el ámbito de la seguridad nacional, y esgrime como única opción el retiro del Ejército a sus cuarteles, sin medir las consecuencias reales que, en este momento, la satisfacción de esta demanda conllevaría en detrimento del ejercicio de derechos humanos y garantías individuales.

El análisis de Suárez del Real advierte que la Armada de México, al igual que el Ejército y la Fuerza Aérea, en materia de seguridad pública sólo pueden y deben actuar como coadyuvantes de la autoridad civil responsable de esa materia, y en caso de los riesgos a la seguridad Interior como componente de la seguridad nacional, no cuentan con las disposiciones puntuales que orienten y, en su caso, limiten su intervención para cumplir con el mandato de garantizar la seguridad nacional como derecho omnigarante, que legitime el libre ejercicio de todos los demás derechos de los mexicanos.

Si bien se coincide de manera general en la necesidad de establecer un sistema que articule las políticas y acciones que realizan todas las instancias del gobierno federal competentes en materia de seguridad nacional, se debe señalar que el Sistema de Seguridad Nacional no se encuentra definido, no se establecen sus facultades ni sus responsabilidades, los mecanismos de colaboración y coordinación al interior de este sistema, lo cual favorece la discrecionalidad y la falta de transparencia en esta tan delicada materia.

Tampoco se localiza en ningún artículo de la Constitución la justificación de la existencia de una declaratoria que permita la salida de la fuerza coercitiva del Estado, es decir, de la fuerza armada permanente, sin que se restrinja el ejercicio de las garantías individuales.

Si bien resulta acertada la afirmación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que la fuerza armada permanente coadyuve con las autoridades estatales y municipales en actividades propias de la seguridad pública no resulta violatorio del marco constitucional, no es menos cierto que, en el caso que nos ocupa, no estamos hablando de un problema de seguridad pública, sino de un problema de seguridad nacional, en su componente de seguridad Interior.