Tuxtla Gutiérrez, Chis. Procuradores de justicia de todo el país impulsarán una reforma constitucional que autorice el arraigo en contra de quienes cometan delitos considerados graves por las legislaciones estatales; de igual manera, trabajan en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) en la aplicación de la identificación biométrica a todo extranjero que ingrese a México.

También como parte de los acuerdos de la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se blindará la frontera de México con naciones centroamericanas, mediante la instalación de al menos cuatro centros de control migratorio en las zonas de mayor afluencia y otras medidas que controlen los flujos migratorios, de armas y drogas en la zona.

Por lo que se refiere al arraigo de los presuntos delincuentes, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, afirmó que “procuradores y fiscales coincidimos en la apreciación del papel fundamental que desempeña la medida cautelar para hacer más eficaz la labor del Ministerio Público durante el proceso de investigación de los delitos.

Por ello, de forma unánime nos pronunciamos por la aprobación del proyecto de iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional, para que esta figura también tenga aplicación en los casos de delitos graves del fuero común.

La iniciativa, dijo, será presentada al Consejo Nacional de Seguridad Pública –que encabeza el presidente Felipe Calderón– el próximo 30 de junio en el Distrito Federal.

A ese respecto, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, puntualizo que el arraigo es una medida cautelar que ha probado su eficacia en la medida que permite el desahogo de las diligencias de investigación de una manera correcta, y no se ha acreditado que sea un elemento de abuso o ineficaz.

Por lo que se refiere al registro biométrico, Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador del Distrito Federal, señaló que existe la necesidad de contar con un registro biométrico de extranjeros, ya que es fundamental tener certeza de la identidad de quienes ingresan a este país, y reveló que el asunto ya fue tratado con representantes del INM y se acordó una comisión de procuradores que buscará tener una reunión de seguimiento con el secretario de Gobernación y con el encargado del INM, para contar con registros seguros y confiables de extranjeros.

Asimismo, señaló que las experiencias y medidas que tiene México como nación para corroborar la identidad de los extranjeros que llegan a nuestro país, “no las consideramos suficientes, no dan certeza de las identidades. Lo que se está pidiendo es que se modernice y se recurra a los sistemas más confiables de registro para bases de datos.

“En el caso concreto estamos pidiendo registro de huella y registro de fotografía. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la firma electrónica implica registro biométrico de contribuyentes y puede tener una experiencia tecnológica suficiente para implementarlo en los diferentes puntos de ingreso.

Nosotros estamos muy interesados en que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se tenga un registro puntual de los extranjeros que arriban, indicó el procurador capitalino.

Su homólogo chiapaneco, Raciel López Salazar, dijo que propuso “blindar la frontera en acciones concretas, específicas (...) tener puntos de control interno donde converjan diversas autoridades federales a modo de que ahí interceptemos cualquier situación de armas, drogas o personas que crucen en forma ilegal e indebida la frontera.

“Necesitamos saber quiénes están entrando a nuestro país y precisamente una de las propuesta es la cédula biométrica de identificación de cada país, y estamos pidiendo que se impulse un operativo en la frontera sur, consistente en destacamentos militares en zonas en donde presumiblemente puede permear el crimen organizado”.

A su vez, Abel Murrrieta, procurador de Sonora, afirmó: lo ideal es detener la migración en la frontera sur del país, pues señaló que en la medida que no se deje pasar en la frontera sur, las autoridades del norte de la República no tendrán cargas extra de trabajo e investigación de delitos.