La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió ya a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y a la Procuraduría General de la República (PGR) la petición de que le hagan llegar un informe detallado sobre la estrategia seguida por el gobierno federal en lo que va del sexenio, así como la situación que guardan las recomendaciones en materia de derechos humanos que han recibido ambas dependencias.

Asimismo, demandan información sobre el número de víctimas, el cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas ocasionados por la estrategia de seguridad pública seguida de 2006 a 2011 por el gobierno de Felipe Calderón, así como el número de delincuentes presos y sujetos a condena..

Los senadores perredistas Rosalinda Hernández y Rubén Velázquez señalaron que esperan una pronta respuesta, ya que se requiere una propuesta del Congreso ante esa realidad desoladora, por la ola de violencia que en 2010 se tradujo en 15 mil 273 homicidios, lo que representa 42 muertes por día.

Resaltaron que la delincuencia cotidiana –cada vez más incontrolable–, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras entre los distintos cárteles de la droga, debilidad de las instituciones y hartazgo de la sociedad conforman un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.

Autores, junto con los senadores José Guadarrama y Máximo García Zalvidea, del punto de acuerdo aprobado en la sesión del miércoles pasado, consideraron que prevalece en la sociedad la percepción de que en la guerra contra el narcotráfico y otros grupos criminales el Estado va perdiendo, ya que el gobierno se ve incapacitado siquiera para hacer efectiva la aplicación de la ley y preservar la paz pública.

Por ello, es necesario evaluar la eficacia de la estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de inteligencia, así como la incursión de las fuerzas armadas en tareas de combate a la delincuencia organizada. Se destaca que en 2010 la cifra de homicidios en el país corresponde casi a la mitad del total de crímenes ocurridos desde que Calderón empezó su ofensiva contra los cárteles de la droga, en 2006.

La Permanente solicita a la SSP y a la PGR un balance de la procuración de justicia, así como el estado de las investigaciones y las cifras de delincuentes presos y condenados, toda vez que la actividad delictiva y su evolución en el tiempo no pueden ser entendidas y explicadas si no se analizan y miden los niveles de castigo y la impunidad reinantes.

Señala que la inseguridad cuesta a todos los mexicanos. El crimen inflige un costo para la sociedad no sólo en términos de dinero, de lo que el gobierno gasta en su combate. Por tanto, es necesario saber cuánto se destina a ese rubro y qué resultados se obtienen. De 1999 a 2009, ese gasto se incrementó nueve veces, al pasar de 10 mil 990 millones a 91 mil 153 millones de pesos.