os rencores ancestrales y la convivencia forzada en un mismo territorio de grupos étnicos distintos y distantes propicia estallidos de violencia, como el ocurrido hace un año –del 10 al 14 de junio de 2010– en el sur de Kirguistán, pequeña república centroasiática de la antigua URSS.

En esos cuatro días se produjo, hasta ahora, el mayor derramamiento de sangre por violencia interétnica, al chocar las comunidades kirguisa y uzbeka, rehenes de la disputa por el poder en la capital, Bishkek.

Los seguidores del depuesto presidente Kurmanbek Bakiyev prendieron la mecha al atacar aldeas kirguisas como si fuera acción de uzbekos, pero no pudieron desplazar al actual gobierno provisional, que respondió con inusual dureza contra los supuestos agresores.

Se habla de varios miles de muertos, pero según cifras oficiales en Osh y Jalal-Abad murieron 470 personas, de ellas 74 por ciento uzbekas, 25 por ciento kirguisas y uno por ciento de otras etnias.

El gobierno provisional de Rosa Otumbayeva encargó a una comisión internacional tratar de esclarecer los hechos, y pidió encabezarla al finlandés Kimmo Kiljunen, representante especial en Asia central de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

En mayo de este año, la comisión de Kiljunen dio a conocer un desgarrador informe –el texto completo en inglés puede consultarse en http://bit.ly/jY7wAq– que considera que en el sur de Kirguistán no hubo genocidio o crímenes de guerra.

En contraste, la comisión está convencida que integrantes del actual gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad, al dar luz verde a asesinatos, violaciones, torturas y otras aberraciones que padeció, principalmente, la población uzbeka.

El Parlamento kirguis rechazó las acusaciones y declaró a Kiljunen persona no grata por estar ligado a los separatistas uzbekos, prohibiéndole la entrada a su territorio.

Las más prestigiadas ONG, como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, temen que se repitan los estallidos de violencia y advierten que no habrá reconciliación mientras los responsables de crímenes sigan gozando de impunidad.

Ni Estados Unidos, la OTAN ni Rusia promueven sanciones contra el gobierno provisional de Kirguistán. Para los primeros, el país es clave en la logística para su guerra en Afganistán; para Rusia, sede de dos bases aéreas que le permiten mantener presencia militar en la región.