on el allanamiento de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte este 5 de junio en Ciudad Juárez surge otra vez una gran duda sobre la disposición del gobierno federal a tolerar la crítica ciudadana con respecto a su fallida estrategia de guerra y sus dolorosas consecuencias en términos de vidas humanas.
¿Cómo es posible que policías federales, sin orden de cateo, rompan candados, entren por la fuerza y causen daños a un centro cuya misión es la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser sujetos de cateo ilegal? La versión oficial de que la policía perseguía a jóvenes que se dedican al narcomenudeo no convence a gran parte de la población como justificación al allanamiento del centro. Más bien parece un nuevo intento de callar a los que investigan los abusos del poder y que exigen justicia, además de constituirse en un acto de intimidación en contra de los participantes de la caravana del consuelo y el pacto nacional por la paz. En todo caso es algo que se debe investigar a fondo, como lo han exigido los trabajadores del mismo centro y la organización Human Rights Watch.
Esta nueva agresión tiene sus raíces en el autoritarismo del viejo sistema político y también en la forma en que la transición a un sistema de alternancia partidista, debido a que no se ha cambiado en lo fundamental la relación entre la mayoría de los ciudadanos y las instituciones del Estado.
Entre los seis puntos del pacto nacional por la paz, está el compromiso de construir una democracia participativa, es decir, una democracia en donde la voluntad ciudadana se exprese en formas diversas que no dependan de los partidos políticos en temas tan sustanciales como son la seguridad y el bienestar social. Esta propuesta exige a la Cámara de Diputados aprobar en los próximos dos meses la minuta de una reforma constitucional avalada por el Senado que establece la consulta popular y las candidaturas independientes, además de asegurar que la ley reglamentaria esté basada en una amplia participación ciudadana, y que incluya reformas como la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos.
Cabe recordar que demandas similares de democracia participativa fueron expresadas por los zapatistas después del alzamiento en Chiapas en 1994. Con el fin de crear una plataforma incluyente, el EZLN invitó a cientos de representantes de organizaciones políticas, junto con intelectuales y luchadores sociales, a contribuir con sus propuestas sobre diversos conflictos, organizados temáticamente en las mesas de diálogo de San Andrés. Sabemos que la primera mesa produjo los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, pero que el gobierno no cumplió su palabra y que en 2001 el Congreso terminó aprobando una versión muy inferior de los acuerdos.
En cuanto a la segunda mesa de diálogo, sobre la democracia y la justicia, se presentó una disyuntiva entre, por un lado, una reforma profunda de la relación entre el Estado y la sociedad, la cual fue una demanda central de los zapatistas y, por el otro, un proceso de negociación entre los dirigentes de los partidos políticos, el cual fue privilegiado por el gobierno y que llevó a reformas del sistema electoral, pero sin incluir las propuestas de democracia participativa. En esos meses, de marzo a agosto de 1996, los alcances de la reforma política estaban en juego, y desde ese entonces hemos visto como solamente el aspecto electoral fue modificado, dejando de lado reformas necesarias para profundizar la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Esta disyuntiva se explica por la negativa del gobierno de aceptar una reforma del Estado que recogiera las demandas y propuestas de los zapatistas y del foro especial para la reforma del Estado, celebrado en San Cristóbal a principios de julio de 1996. La actitud del gobierno ya se había demostrado en mayo de aquel año con sus falsas acusaciones de terrorismo en contra del zapatismo, y con los simultáneos ataques de grupos paramilitares, como los Chinchulines, y las maniobras militares del Ejército mismo. Al mismo tiempo, la delegación gubernamental en la segunda mesa no participó con propuestas concretas ni diálogo, dejando la impresión de que realmente no le interesaba reconocer la necesidad de reformas más allá de las que se podrían negociar con las cúpulas partidistas. Así que se quedaron de lado propuestas como el plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum y la revocación del mandato. Al mismo tiempo, el gobierno logró pactar las nuevas reglas del sistema electoral, las cuales en un corto plazo llevaron a la derrota del PRI en el Congreso, en la ciudad de México y en la Presidencia, pero, a 15 años de distancia, estas reglas se traducen en serias limitaciones que difícilmente pueden responder a los reclamos de seguridad, justicia y paz.
Al finalizar la segunda mesa, en agosto de 1996, las comunidades zapatistas realizaron una consulta sobre los resultados del diálogo y las propuestas de ambas delegaciones y, viendo el nulo interés del gobierno en avanzar en el proceso de paz, pidieron a sus delegados suspender el diálogo. Con ello, la transición democrática se quedó corta, sesgada hacia lo electoral, a expensas de una democracia participativa.
En ese momento, el subcomandante Marcos escribió: Consideramos que la actitud de la delegación gubernamental tendrá consecuencias inmediatas. Al ignorar los gravísimos conflictos que sacuden al país y dejar pasar una oportunidad privilegiada, la delegación gubernamental los está haciendo más graves y costosos
(La delegación gubernamental, responsable de la ausencia de acuerdos, en EZLN. Documentos y Comunicados, Vol. 3. Ediciones Era, 1997, p.359).
Hoy, cuando las costosas contiendas electorales no logran erradicar la corrupción, la inseguridad y el autoritarismo, la ciudadanía retoma la demanda de una democracia participativa como parte de un nuevo pacto nacional por la paz con justicia y dignidad. Esperemos que la memoria sirva de guía para que esta lucha avance en esta meta pendiente desde hace por lo menos 15 años.
*Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces
