Desde hace seis años una decisión judicial puso fin a cualquier posibilidad de procesar penalmente en México a los responsables intelectuales y materiales de la matanza del 10 de junio de 1971, mientras que en el Archivo General de la Nación se resguardan documentos que acreditan que el entonces coronel Manuel Díaz Escobar fue enviado en el año 1966 al Departamento del Distrito Federal por mandato del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y allí creó Los Halcones, grupo paramilitar financiado desde el gobierno central. El grupo lo encabezaba el regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez.

Este viernes se cumplen 40 años de aquella masacre de la cual aún se desconoce el número exacto de víctimas, señaló la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas.

Reportes de las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), documentan lo ocurrido aquel 10 de junio, cuando Los Halcones asesinaron a participantes de la marcha que avanzaba sobre la avenida México-Tacuba alrededor de las cinco de la tarde.

Informes gubernamentales señalan que estudiantes normalistas, universitarios y politécnicos, apoyados por organizaciones sociales, partieron de la Normal Superior hacia el Monumento de la Revolución, en demanda de libertad para los presos políticos y en rechazo a la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los Halcones, dirigidos por Díaz Escobar abrieron fuego contra los manifestantes.

Algunos de sus principales mandos de Los Halcones surgieron de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, entre ellos, Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz, los cuales entrenaban sus hombres en los llanos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero.

La policía detuvo a más de 150 personas, la mayoría de ellas supuestos agresores de los estudiantes, pero ninguno fue consignado debido a que no hubo quien presentara la denuncia correspondiente, indican los documentos que ha obtenido la historiadora Magdaleno Cárdenas.

El regente Alfonso Martínez Domínguez, renunció; el jefe de la policía, el general Daniel Gutiérrez Santos, fue sustituido por el coronel Rogelio Flores Curiel; el coronel Manuel Díaz Escobar, desintegró Los Halcones y semanas más tarde fue enviado como agregado militar a Chile, nación en la cual en el mes de septiembre, su amigo el general Augusto Pinochet encabezaría el golpe militar contra el presidente Salvador Allende.

Hasta el 24 de julio de 2004 se trató de proceder penalmente contra algunos de los involucrados en el también llamado halconazo, pero el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México negó la solicitudes del Ministerio Público federal, y el ex presidente Luis Echeverría y su entonces secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, no fueron detenidos.

El caso fue revisado por la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio, titular del quinto tribunal unitario con sede en la ciudad de México, y el 26 de julio de 2005 confirmó la negativa de los órganos del Poder Judicial de la Federación para enjuiciar a los presuntos autores intelectuales de la masacre.

En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 Prolibertades Democráticas presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando impunidad para investigar el caso en México.

Acusaron al Estado mexicano de negar sistemáticamente justicia en el caso del 10 de junio de 1971, perpetrado por el grupo paramilitar Los Halcones, quienes masacraron a los participantes en una manifestación estudiantil pacífica.

Este viernes, los responsables siguen impunes, a pesar de que en el Archivo General de la Nación existen documentos en los que se acredita la existencia del grupo de choque, de sus integrantes y sus formas de operar.

Abundio del Castillo Pérez fue detenido por elementos de la DFS y durante los interrogatorios a los que fue sometido, declaró que Candelario Madera Paz, uno de los principales entrenadores de Los Halcones y otra persona de ese grupo, le habían dado a guardar tres granadas y fotografías de sus entrenamientos, luego de los acontecimientos del 10 de junio.

Los documentos refieren que el detenido reconoció “que las granadas le fueron proporcionadas por Candelario Madera y Salcido, quienes le dijeron que pertenecían a un grupo de choque denominado Los Halcones, y que antes de ello pertenecieron a la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana y que habían sido entrenados en karate, judo, kendo, en la colonia San Juan de Aragón.

En vista de los hechos del 10 de junio, estos individuos le pidieron que les guardara las granadas y fotografías de sus entrenamientos, ya que tenían la necesidad de seguir fuera de la ciudad por haber participado en los mismos.

Los agentes de la DFS concluyeron que se trataba de un “vulgar pandillero que había entablado amistad con elementos de Los Halcones”, aun así lo ficharon y sus fotografías, interrogatorio e imágenes de Los Halcones, se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación.