El proyecto de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales está listo y será presentado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones. Esta iniciativa incluye la figura de juez de control, responsable de autorizar un arraigo y otras medidas precautorias. En la práctica se busca que contribuya a reducir los niveles de impunidad y alentar la denuncia.

Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, aseveró que el nuevo código está muy socializado, con el antecedente de un trabajo interinstitucional, con la sociedad y la academia, así como la participación de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno que integran el consejo.

En la Cámara de Diputados existen por lo menos otras tres iniciativas presentadas por partidos políticos, por lo que la propuesta del Ejecutivo se agregaría al análisis cuando se inicie el periodo de sesiones, en septiembre próximo.

El código es fundamental para la operación eficiente del nuevo marco penal para México, mejor conocido como juicios orales; este sistema deberá aplicarse en el país a más tardar en 2016.

Hasta ahora sólo siete entidades cuentan con este sistema (Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Oaxaca, estado de México y Morelos).

El secretariado técnico, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, asegura que el nuevo sistema de justicia penal ha permitido reducir los niveles de impunidad en los estados en los que ya se aplican los juicios orales; sin embargo, reconoce que en su primera etapa –como ocurrió en Chihuahua con el caso de Marisela Escobedo– ha tenido errores que deben ser corregidos.

En entrevista, se pidió a Borrego Estrada una opinión acerca de las circunstancias de violencia e inseguridad que privan en México, que han derivado en miles de homicidios y un número indeterminado de desaparecidos, así como acerca de la corrupción en el entramado de seguridad y procuración de justicia que han denunciado, por ejemplo, participantes de la Caravana por la Paz, muchos de los cuales han tenido que denunciar, con el rostro cubierto, los casos de sus familiares muertos y desaparecidos.

Borrego Estrada respondió: La caravana ha pasado por algunos estados que no tienen este procedimiento (juicios orales), donde existe el procedimiento anterior, el tradicional, el que queremos quitar. Las ventajas del nuevo sistema de justicia penal (adversarial o de juicios orales) es precisamente que no exista (el miedo a la denuncia).

A escala nacional, antes de la reforma, la impunidad en México representaba índices de 97 por ciento, esto es, sólo 3 por ciento de los delitos concluían en sentencia.

Un diagnóstico del secretariado técnico en el arranque de esta transición advirtió que en materia de justicia penal la sociedad no confía en sus instituciones de seguridad pública, ni de procuración y administración de justicia. La cifra negra es de 70 por ciento (sic); y las instituciones relacionadas con la justicia penal se encuentran colapsadas, con sobrecargas de trabajo y con funcionarios desmotivados y poco preparados.

El proyecto de código mantiene elementos universales, como la persecución inmediata del delito y lo conducente ante un caso de flagrancia; sin embargo, se agregan otras figuras como la del juez de control, es decir, al que puede acudir el procesado o el abogado para que le proteja de sus derechos.

Ante dos versiones, el procedimiento tiene una etapa de investigación en la que el indiciado tiene derecho a conocer lo que se le imputa; además, las pruebas que se presenten en el juicio deben ser demostradas en una audiencia donde pueden agregarse nuevas evidencias.