La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad ayudó a romper el silencio provocado por el miedo de las víctimas de la guerra emprendida por el Estado contra el crimen organizado, y ha generado la articulación de diversos sectores sociales para exigir al gobierno que desmonte la estructura del terror, aseveraron Carlos Martín Beristain, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Mario Ernesto Patrón Sánchez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Clemencia Correa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la apertura del taller Efectos de la violencia política y mecanismos de afrontamiento, que organizó el Claustro de Sor Juana, Martín Beristain expuso que la violencia ha roto el tejido social y sus efectos sicosociales afectarán a tres generaciones. Esto no se puede esconder bajo la alfombra, por lo que consideró urgente analizar los impactos e iniciar políticas públicas de reparación social y acabar con las atrocidades en el país.

Todas las formas de resistencia ciudadana contra el terror deben ser bienvenidas, y el gobierno tiene que responder a las propuestas presentadas por la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad; es el momento de empujar cambios concretos, dijo Patrón Sánchez.

Durante su participación, sostuvo que el Estado no puede eludir su responsabilidad de brindar protección y garantizar la seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, ha construido un lenguaje para diluir su competencia. “Ha acuñado el concepto levantones para no responder a su tarea, y se deslinda diciendo que se trata del crimen organizado. La violencia se ha institucionalizado, pues a quienes acuden a instituciones de justicia en busca de un familiar o del cuerpo de éste, son agredidos”.

Dolores González Sarabia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), expuso que talleres como el realizado en el Claustro de Sor Juana ayudan a reflexionar a la ciudadanía para dar una respuesta organizada a la violencia, producto de la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico. Recordó que en tres años, de acuerdo con datos parciales, hay más de 40 mil ejecutados, 120 mil huérfanos, 50 mil heridos, 10 mil desaparecidos; de 16 a 20 mil niños y niñas víctimas de explotación sexual.

Además, 73 por ciento de los municipios están bajo el control del crimen organizado y entre 60 y 65 por ciento de las campañas políticas reciben recursos de éste, y 30 por ciento del PIB está vinculado con la economía criminal. Y remató: 98.3 por ciento de los asesinatos en el país quedan impunes.

Marcela Turati, autora del libro Fuego cruzado, presentó algunos de los testimonios de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, del desplazamiento de miles de personas por la activación de grupos paramilitares; del dolor invisibilizado de los más de 50 mil huérfanos en Ciudad Juárez, de la presencia de enfermedades como colitis, gastritis, inflamación cerebral, insomnio, en los niños. “Una mujer, cuando se descubrieron las fosas en Tamaulipas, dijo: ‘parece que hablamos bajo el mar, nadie nos escucha’”, mencionó la periodista.