Bogotá, 9 de junio. Ana Fabricia Córdoba, lideresa de una organización de desplazados por agresiones de paramilitares en la región de Urabá y prima de la ex senadora de oposición Piedad Córdoba, fue asesinada por un sicario el martes pasado en un autobús del servicio público en la ciudad de Medellín.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 84 mil 600 dólares para la persona que proporcione a las autoridades información que lleve a la captura del criminal y a la identificación de los autores intelectuales del asesinato.

El homicida escapó sin mayor problema del transporte en el que viajaba Córdoba, de 51 años, después de disparar a la cabeza de la dirigente con una pistola con silenciador. La muerte ocurrió un año después de que presuntos policías mataron a uno de sus hijos.

Organizaciones de derechos humanos protestaron contra el asesinato de la activista por los derechos de los desplazados, quien denunció en varias ocasiones haber sido objeto de amenazas de presuntos agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Córdoba formaba parte de las agrupaciones Ruta Pacífica de las Mujeres y Líderes Adelante por el Tejido Humano de Paz.

Las acciones contra Córdoba se suman a una serie de ataques a organizaciones independientes de Colombia y sus miembros.

A principios de este mes, paramilitares de la región del Chocó mataron a un miembro del organización que administra el territorio colectivo de Curvaradó, que acusó a la decimoseptima brigada del ejército y a la policía de tolerar las acciones de hostigamiento de agrupaciones ilegales armadas.

Justicia y Paz, una entidad defensora de los derechos humanos, dijo que en mayo pasado paramilitares realizaron varias operaciones de control social territorial, ocupando zonas rurales y amedrentando a comuneros.

El primero de junio, un integrante de Comunidades de Autodeterminación Vida, en los límites entre Chocó y el departamento de Antioquia, murió ahogado después de que una pequeña embarcación comunitaria fue embestida por una panga motorizada.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado denunció que la policía nacional detuvo arbitrariamente –durante 24 horas– a uno de sus integrantes cuando participaba en un acto conmemorativo del asesinato de un joven promotor de los derechos laborales, el primero de mayo de 2005.