Greenpeace presentó ayer una denuncia ante el órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contra los funcionarios que autorizaron la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Cabo Cortés en Baja California Sur, ya que, consideró, fue ilegal y pone en riesgo al Parque Nacional de Cabo Pulmo.

La denuncia fue por el incumplimiento de facultades y disposiciones previstas en la legislación ambiental aplicables en materia de impacto ambiental por parte de los servidores públicos señalados, al autorizar el proyecto de Cabo Cortés y fue contra Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y Eduardo Enrique González Hernández, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.

En comunicado, la organización informó que los servidores públicos realizaron actos contrarios al contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el Reglamento de la misma en materia de Impacto Ambiental, el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas y al Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos.

Ayer por la tarde, la Semarnat en un comunicado sostuvo que tiene la seguridad de que todos los funcionarios aplican amplia y estrictamente el marco normativo ambiental mexicano y el resto de sus ordenamientos legales. Esta Secretaría atenderá cualquier procedimiento judicial o administrativo que Greenpeace o que cualquier organización inicie en contra de alguno de sus funcionarios.

La organización precisó que fue expedido un nuevo resolutivo de impacto ambiental relativo al proyecto Cabo Cortés, autorizando nuevamente el incumplimiento de lo establecido en el criterio I.10 del Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos, que ordena estrictamente: No deberá permitirse ningún tipo de construcción en la zona de dunas costeras a lo largo del litoral.

Al subsecretario, encargado de resolver el recurso de revisión que una persona interpuso en contra del primer permiso de impacto ambiental de Cabo Cortés, se le demanda imparcialidad en sus declaraciones públicas dado que reflejan su apoyo al proyecto turístico autorizado, pese a que debe asumir una postura neutral dado su carácter de juez y parte en el recurso de revisión.