La pobreza rural no requiere más diagnósticos, sino terminar con el enfoque asistencialista y paternalista de la política gubernamental y tener una visión compartida con las organizaciones sociales sobre las estrategias a aplicar, señalaron integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) y José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del proyecto Conocimiento y cambio en la pobreza rural y desarrollo, sección México, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp).

El campesinado necesita recuperar su capacidad autogestiva, lo que implica un cambio de enfoque en la política para que la desigualdad social no siga limitando el desarrollo del país, expuso Mendoza Zazueta en la reunión con los integrantes del CAP. Sugirió una revisión en torno al concepto de campesino y sostuvo que el diagnóstico existente se limita al aspecto agropecuario.

Precisó que en dicho proyecto participan autoridades, empresas como Bimbo y Maseca, diversas fundaciones, legisladores y algunas organizaciones sociales. La pretensión –explicó– es tener en noviembre una propuesta integral y presentarla a las instancias correspondientes para generar una visión compartida.

Si queremos lograr avances hay que actuar conjuntamente, dijo a los dirigentes de las organizaciones que conforman el CAP.

José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática, apuntó que desde la administración del ex presidente Carlos Salinas la política gubernamental para el agro ha sido en favor de las empresas y de los grandes productores, mientras a los pobres se les dan migajas. La discusión es en torno a la distribución equitativa del presupuesto y que los grandes capitales dejen de presionar a la propiedad social. La lucha por la tierra está de vuelta porque no hay ningún compromiso de respeto a los ejidos y comunidades.

Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, y Raúl Pérez Bedolla, de la Alianza Campesina del Noroeste, insistieron en que los pobres siguen siendo objeto de estudios y de la aplicación de políticas asistencialistas que no contribuyen a resolver el problema.

Luis Gómez Olivier, integrante del grupo del Rimisp, en su análisis Pertinencia e impacto de los subsidios: asistencialismo versus fomento productivo, expuso que dos de cada tres habitantes de las zonas rurales carecen de patrimonio, y 41 por ciento están en el nivel de pobreza alimentaria.

Además, la proporción del ingreso proveniente de actividades agropecuarias pasó de 29 a 21 por ciento en una década.

Puntualizó que en dicho periodo, la cuarta parte del ingreso de los hogares rurales correspondió a las remesas y las transferencias del sector público. La tasa de crecimiento del sector agrícola del país apenas fue superior a la de Haití, Cuba y Colombia, países que tienen agudos problemas para el desarrollo de sus actividades agrícolas, y fue inferior al progreso alcanzado por 16 naciones latinoamericanas.