La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que incluya en su programa de fiscalización la obra carretera Boulevard 2000, que comunica a Ensenada con Tecate, en Baja California, para que determine si dicho proyecto público fue utilizado para tender el gasoducto propiedad de la trasnacional Sempra Energy, el cual comunica a la regasificadora Costa Azul –ubicada en Ensenada– con la termoeléctrica de Mexicali, ambas propiedad de la empresa estadunidense.

El órgano legislativo dio entrada al informe elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente encargado de investigar las irregularidades en la operación de Sempra a lo largo de Baja California, con lo que pretende generar información a la opinión pública y al Congreso sobre el monto de los recursos federales erogados en la construcción del Boulevard 2000 y el gasoducto que opera Sempra.

La semana pasada, el diputado perredista José Narro Céspedes envió una solicitud a la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián Peralta (PRD), con el propósito de que se empiece una auditoría especial a los permisos que permitieron instalar dicho gasoducto en la zona sísmica y habitacional de la región que se ubica entre Ensenada y Tecate.

El legislador refirió que el punto de acuerdo –aprobado a finales de abril pasado en el pleno camaral– relacionado con la empresa regasificadora Energía Costa Azul determinó que la Auditoría Superior de la Federación –por medio de la Comisión de Vigilancia– revise los aspectos relativos a la carretera Boulevard 2000, desde las licitaciones de obra y estimaciones hasta la entrega-recepción de la misma, así como para que determine con precisión el importe de los recursos federales (que se le destinaron).

El expediente será enviado a la Auditoría Superior, al Congreso local y al titular del Poder Judicial del estado para que realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Narro solicitó a Esthela Damián que ejecute la disposición del pleno camaral, “y de no ser éste el caso tenga a bien disponer que se remita el mismo –a la brevedad posible– a dichos destinatarios. Lo anterior, considerando la importancia que tiene conocer en detalle el monto y la utilización de los recursos federales empleados en la mencionada obra, y si se cumplió en las distintas etapas de la misma, en tiempo y forma, con la normatividad aplicable”.