El ex subprocurador general de la República Alfonso Navarrete Prida advirtió que se corre el riesgo de que se instaure un Estado autoritario que decrete la suspensión de garantías individuales y la desaparición de poderes, de persistir la reacción policiaca-militar del gobierno federal para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Tras subrayar que la estrategia del gobierno federal es inexacta para combatir el crimen organizado –porque es la misma de hace 25 años, que busca evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos, cuando los cárteles se enfrentan en México por los mercados locales de consumo–, recomendó una transformación absoluta institucional en el país, que incluye desde la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR), para crear, en su lugar, dos grandes fiscalías, hasta una readecuación de las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad Pública federal (SSP), así como grandes cambios en materia de desarrollo social, entre otras.

Por su lado, el especialista de la UNAM Luis Astorga Almanza estimó que en México parece ser que se actúa como en los países autoritarios extralegales y se está muy lejos de ser una democracia avanzada, que se distingue por tener instituciones más sólidas y una aplicación de la ley más eficaz.

Durante su participación en la conferencia internacional sobre Seguridad y justicia en democracia: hacia una política de Estado en los albores del tercer milenio, organizada por la UNAM, ambos coincidieron en que el narcotráfico y el crimen organizado tienen una nueva composición, además de que pueden estar involucrados grupos políticos, empresariales y testaferros, entre otros.

En entrevista, Navarrete Prida indicó que mientras el gobierno de Felipe Calderón siga aplicando la misma estrategia que hace 25 años, nos esperan más muertes, aumento en el mercado de consumo y más desesperanza para los jóvenes.

También criticó que los abusos y las violaciones a los derechos humanos sean el precio a pagar por el combate al narcotráfico, como refirió Calderón en 2009, según un despacho de la embajada de Estados Unidos, dado a conocer por Wikileaks en La Jornada.

Suena muy bien, mientras no se pague el costo en carne propia. Habría que preguntar a las 40 mil familias afectadas, y más aún cuando han sido estigmatizadas de ser parte de la delincuencia organizada, cuando la mayoría de los casos no se han aclarado.

En su participación en la mesa Delincuencia organizada y violencia en México, cuestionó que el gobierno calderonista siga con la estrategia policiaco-militar cuando los resultados han sido una debilidad institucional tan alarmante, particularmente en los estados del norte del país, de los cual dan muestra la evolución, crecimiento y fortalecimiento de los cárteles y grupos criminales locales.

Cuestionó: ¿Por qué no se han tenido resultados en el combate al crimen organizado cuando esta lucha ya cobró 40 mil vidas, cuando el número de adictos creció a medio millón, cuando se han dado duros golpes a las organizaciones criminales y no baja la violencia? De acuerdo con cifras de la ONU, añadió, los mercados de consumo se mantienen, igual que la producción de amapola y mariguana. Esto, dijo, no obstante que el Legislativo ha dado, como nunca, todo su apoyo y presupuesto al gobierno de Calderón con un incremento, en los últimos cinco años, de 400 por ciento del presupuesto.

Sobre su propuesta de hacer una reingeniería institucional en forma íntegra, planteó la desaparición de la PGR para en su lugar crear una fiscalía general de la nación atienda los delitos generales, y otra especializada en combatir el narco y delincuencia organizada.