A 10 coacusados la SIEDO les imputa el delito de portación ilegal
Sólo 4 alcanzan la libertad bajo caución, señala Patricia Bugarín
Jueves 9 de junio de 2011, p. 2
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) precisó este miércoles que Jorge Hank Rhon fue consignado ante un juez de distrito, con sede en Baja California, por el delito de acopio de armas, mas no por delincuencia organizada. En tanto, a los 10 coacusados, la mayoría trabajadores del ex alcalde de Tijuana, les imputó el cargo de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Ayer por la mañana, la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dio lectura a un comunicado e indicó que de las 88 armas encontradas en la casa de Hank Rhon, 49 son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, pero sólo 10 tienen permiso oficial de las autoridades correspondientes.
Se informó que cuatro de los 11 inculpados contra quienes se ejercitó acción penal tendrán derecho a obtener la libertad provisional bajo caución, pues los delitos que se imputan al resto son considerados graves en el Código Penal Federal.
En caso de que Hank Rhon reciba auto de formal prisión, enfrentará su juicio en prisión.
Por la tarde, Bugarín concedió una entrevista radiofónica en la que reconoció que la SIEDO no logró acreditar contra Jorge Hank el tipo penal de delincuencia organizada ni otra conducta ilícita, a pesar de que solicitó información a las agencias de inteligencia de Estados Unidos (entre ellas la antidrogas y la Oficina Federal de Investigaciones, DEA y FBI, por sus siglas en inglés, respectivamente) con el propósito de saber si existen pruebas que vinculen al político priísta con algún cártel de las drogas.
La funcionaria destacó que durante los tres días que Hank estuvo a disposición del Ministerio Público Federal la autoridad sólo pudo acreditar dos delitos: acopio y portación de armas.
Dijo que se pudo acreditar la probable responsabilidad de Hank Rhon en el primer delito, mientras a sus escoltas se les imputó portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El abogado Fernando Benítez, uno de los defensores de Jorge Hank, aseguró en entrevista telefónica que el equipo de litigantes buscará acreditar la inoperancia del argumento de detención en flagrancia (fue la versión oficial que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional –Sedena– desde el pasado sábado) para justificar el allanamiento de la casa del político, con la finalidad de que carezca de validez legal el hallazgo de armas en ese domicilio.
La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia
.
El abogado señaló que Hank Rhon se reservará su derecho a declarar ante las autoridades judiciales y solicitará al juez de la causa la duplicidad del plazo de término constitucional (de 72 a 144 horas) para que sea a más tardar el próximo martes cuando se determine su situación jurídica, ya sea un auto de formal prisión o de libertad.
Benítez dio a conocer que la defensa del empresario se basará en pruebas técnicas que no dejarán duda de qué fue lo que pasó el sábado anterior en la residencia de su cliente, cuando elementos del Ejército lo detuvieron por acopio ilegal de armas, junto con otras 10 personas.
Lo que les puedo decir es que la mayoría de las pruebas son técnicas; son pruebas científicas, irrefutables, irrebatibles, no estamos descansando en testimonios nuestra defensa
, sostuvo.
Por la mañana, durante un encuentro con reporteros en el que se dio lectura a un comunicado en las instalaciones de la SIEDO en el Distrito Federal –sin que se permitieran preguntas–, Bugarín informó que Hank Rhon y los demás detenidos salieron de la subprocuraduría custodiados por elementos del Ejército Mexicano a las 23:45 horas del pasado martes, para ser trasladados a un penal de Tecate, Baja California.
Respecto de las citadas armas, se solicitó información a efecto de verificar si contaban con licencia, obteniéndose respuesta de que sólo 10 tienen el permiso correspondiente: cuatro se encuentran bajo la licencia colectiva 186 a nombre de la coordinación general del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Baja California; otra está amparada en la licencia colectiva número 6 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y las otras cinco a nombre de personas físicas, que no son los detenidos
, indicó.
Por lo que hace a las otras 78 armas, no cuentan con licencia alguna.
La subprocuradora señaló que los peritajes de la Procuraduría General de la República determinaron que 49 de las 88 armas decomisadas son de uso exclusivo del Ejército y 39 de uso permitido, siempre y cuando posean licencia.
De los 9 mil 250 cartuchos incautados, 8 mil 944 son para armas de uso exclusivo del Ejército y 306 de uso permitido, pero con licencia de la Sedena.
