Los ocho chiapanecos, habitantes de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva (municipio de Osatuacán) y encarcelados desde marzo junto con su abogado defensor en Pichucalco, Chiapas, son víctimas de una injusticia, y además no han contado con las garantías procesales a que tienen derecho, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el cual demanda su libertad inmediata y el cese de hostigamientos policiacos y judiciales contra otros compañeros y familiares suyos.

El Frayba recapitula: el 17 de marzo, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva fueron capturados de manera arbitraria y bajo engaño Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por policías ministeriales, la Fiscalía de Distrito Norte, a cargo de José Luis Gómez Santaella, y el fiscal del Ministerio Público de Ostuacán, con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva.

Los detenidos fueron acusados de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación y oposición a que se efectúe una obra o trabajo público, y durante su declaración ministerial les fueron asignados defensores de oficio que se limitaron a firmar la diligencia sin ofrecer asistencia ni defensa adecuadas. Los cinco primeros detenidos firmaron documentos cuyo contenido desconocían, y el 18 de marzo quedaron arraigados en la Quinta Pitiquitos, en Chiapa de Corzo. Tras 28 días, el 14 de abril fueron puestos a disposición del juez de primera instancia en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 10 en Pichucalco.

El 15 de abril, tras visitar a los cinco campesinos en el penal, fueron detenidos Pascacio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot, así como Juan José Narváez Bautista, abogado defensor, quien estaba en el lugar para asistir a los presos. El 25 de mayo, en Ostuacán, fue detenido Héctor Díaz Castellanos.

La privación arbitraria de la libertad de estas nueve personas se da en un contexto de criminalización de la protesta social contra los ejidatarios de Juan de Grijalva que exigen que se cumpla una minuta de acuerdo firmada por el gobierno del estado, destaca el Frayba.

El 8 de marzo, en Juan del Grijalva, habitantes de ese ejido, de la comunidad Loma Bonita y los ejidos Cuauhtémoc y Playa Larga tercera sección, que habitan en la ciudad rural, iniciaron un bloqueo y una manifestación pacífica en el desvío del camino ejidal que conduce a las oficinas del Grupo México y a la construcción de túneles bajo el río Grijalva.

Los manifestantes exigían el cumplimiento de las minutas firmadas en julio de 2010, en las que el gobierno de Chiapas se comprometía a pagar las tierras afectadas por el desastre natural ocurrido en ellas en 2007, además de pagar por los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa en sus tierras a través del Grupo México.

Las demás personas que participaron en la manifestación y residen hoy en la ciudad rural tienen temor a ser detenidas, apunta el Frayba. Se sabe de algunos que se han ido a vivir a la montaña.

El Frayba considera que el gobierno de Chiapas ejerce actos de represión contra los pobladores del ejido. Todavía hace unos meses eran los consentidos de la propaganda gubernamental.

El 4 de noviembre de 2007, en Juan del Grijalva ocurrió una gran inundación. Los sobrevivientes fueron reubicados en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva y el gobierno se comprometió a pagar sus tierras. Actualmente, en la zona conocida como El Tapón del Grijalva, la CFE construye dos obras públicas, una concesionada al Grupo México, una de las principales empresas trasnacionales productoras de cobre.