Con los votos del PRI y el PRD, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió aplazar a julio o agosto el dictamen sobre la minuta del Senado en materia de reforma política. Antes de revisar el documento, los legisladores llevarán a cabo foros públicos para recibir opiniones.

Durante la reunión ordinaria de dicha comisión, cuatro diputados del PAN se inconformaron con la decisión, con el argumento de que la consulta hará imposible que los cambios en la política, entre éstos las candidaturas ciudadanas y la relección de legisladores, entren en vigor para las elecciones presidenciales de 2012.

Sin embargo, 14 diputados del PRI y el PRD votaron a favor de los foros, y los panistas abandonaron la sesión de trabajo. La votación propició, posteriormente, un intercambio de acusaciones entre legisladores del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.

En conferencia de prensa, el diputado Óscar Arce Paniagua, integrante de la comisión, acusó que detrás del freno a la reforma política está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Refirió que el 30 de abril el PAN presentó una propuesta para agilizar la votación de la minuta del Senado sin cambios.

Pero después de un mes citan a reunión de comisión, lo cual constata que no tienen ninguna voluntad de aprobar la reforma para que se aplique en 2012, por un mandato directo del gobernador Peña Nieto, porque el primero que se opuso fue el diputado (Alfonso) y ahora otros dos legisladores del estado de México. Ello confirma que el gobernador no quiso, y utilizó a su bancada, declaró.

En respuesta, el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martel, cuestionó que la bancada del PAN no conozca el procedimiento parlamentario y se niegue a admitir que desde hace dos semanas se planteó realizar una consulta de la reforma política.

Señaló que aun cuando en la sesión de ayer de la Comisión de Puntos Constitucionales se hubiese aprobado el dictamen a la minuta del Senado, la reforma tampoco podría haber entrado en vigor antes de que se inicie el año electoral, en julio.

Esto es así porque, recordó, tendría que enviarse a la Comisión Permanente para que ésta convoque a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, y que de aprobarse sin cambios, todavía tendría que ser avalada por 16 de los 31 congresos locales, porque se trata de una reforma constitucional.