El ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía fue detenido ayer en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate, en el municipio chiapaneco de Cintalapa, acusado de desviar 104 millones de pesos durante su administración, que concluyó el 8 de diciembre de 2006.

En un comunicado, el gobierno de Chiapas informó que la detención de Salazar se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero en materia penal, como parte de la causa 96/2011, por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

El gobierno de Chiapas explicó: “A través de una aseguradora, (el ex mandatario y otros servidores públicos de su administración) contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia total y cobertura por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado.

“Los ex servidores públicos involucrados dieron un poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos.

“El expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en 9 mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y grafoscópica, así como testimoniales con los cuales se corroboró que Pablo Salazar Mendiguchía dijo que ese dinero era ‘un bono sexenal’ para el fin de su administración.”

Abogados de Pablo Salazar informaron que la Auditoría Superior de la Federación ya había avalado las cuentas públicas del ex funcionario.

El viernes pasado, Salazar Mendiguchía denunció en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui en MVS que la madrugada de ese día irrumpieron en su oficina presuntos policías y robaron 50 mil ejemplares de una publicación que pretendía difundir para defenderse de acusaciones de supuesto desvío de recursos durante la reconstrucción del estado después del paso del huracán Stan.

Hoy entraron policías, lo puedo asegurar, fuertemente armados, disfrazados de ladrones, a robarse 50 mil ejemplares de mi verdad, que tengo derecho a difundir, dijo a la conductora. Ante estos hechos, Salazar presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República y una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra quien resulte responsable.

Salazar aseguró ser víctima de una persecución política emprendida por el gobernador Juan Sabines, quien lo acusa de apoderarse de recursos públicos.

Varios funcionarios de la administración de Pablo Salazar se encuentran en prisión, acusados de desvío de recursos destinados a reparar los daños causados por el huracán Stan en 2005. Entre ellos figura la ex directora del Instituto de la Vivienda, Socorro Domínguez Aguilar. También están presos los ex alcaldes de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez, y de Ángel Albino Corzo, Magdalena Díaz Molina, así como los ex síndicos de Mapastepec, Leónides Cortés Lozano; Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz, y Pijijiapan, José Chang Sánchez, así como el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti, acusado de asociación delictuosa, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio del estado.

El ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía fue aprehendido ayer en el aeropuerto internacional de Cancún, acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosaFoto La Jornada / Archivo

Señalan irregularidades en el uso de fondos para reparar daños causados por el huracán Stan

R. Garduño, E. Méndez, A. Becerril y A. Muñoz

Diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) por Chiapas expresaron que, si la detención del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía busca hacer justicia a cientos de chiapanecos que aún no tienen vivienda a pesar de que se entregaron recursos al estado, se cumplirá con una demanda pendiente, pero advirtieron que sería inaceptable que se trate de un caso más de utilización de la justicia con fines políticos.

Mientras, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Chiapas, Rubén Velásquez, comentó que la aprehensión del ex gobernador es algo que ya se veía venir, pues en meses recientes varios ciudadanos interpusieron demandas en su contra por supuesto mal uso de recursos públicos.

Sin embargo, consideró que se requiere más información y reconoció que no estaba enterado de las acusaciones específicas contra Salazar Mendiguchía.

Los diputados Sami David David (PRI) y Amadeo Espinosa Ramos (PT) señalaron que no se debe descartar el posible uso de la justicia con fines políticos, ya que eran conocidas las evidentes diferencias entre Salazar Mendiguchía y el actual gobernador, Juan Sabines Guerrero.

“La demanda es no a la impunidad por el desvío de recursos públicos. Más allá de las diferencias entre ambos personajes, no deben desatenderse las quejas que persisten en varios municipios del estado por corrupción, omisión e indolencia ante la pérdida de patrimonio de centenas de ciudadanos afectados por el huracán Stan”, dijo Sami David.

Más casos sin aclarar

Además de las acusaciones de supuesta malversación de los fondos para atender el desastre, expuso, existen otras “como la presunta autoría intelectual de los asesinatos de los propietarios del periódico Cuarto Poder, Conrado de la Cruz y su hijo, Conrado de la Cruz Jiménez, quien, paradojas de la vida, fue detenido en Cancún por órdenes de Pablo Salazar y su ex fiscal, ahora preso, Mariano Herrán Salvatti”.

Amadeo Espinosa consideró contradictorio que se detenga al ex gobernador por lo menos cinco años después de que se presentaron las denuncias en su contra. Además, dijo, funcionarios del estado declararon que la reconstrucción estaba prácticamente terminada y que el expediente se había cerrado.

A su vez, el senador Velásquez, quien colaboró temporalmente en el gabinete de Salazar, insistió en que se requieren más datos para determinar si el actual gobierno del estado tiene elementos para acusar.

Era algo que estaba gestándose, por una vía que no auguraba un final feliz, comentó.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo: No tengo elementos, ningún dato que me haga opinar de que se trata, qué está detrás de esto, quién hace las acusaciones