En el marco del 17 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones sociales advirtieron que el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso de las múltiples recomendaciones internacionales para eliminar la figura del arraigo y modificar el Código de Justicia Militar.

Así lo afirmó Silvano Cantú, director de incidencia e investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), uno de los organismos que hace unos días acudió a Ginebra, Suiza, para denunciar nuevamente los graves ataques a las garantías individuales que ocurren en el país de forma cotidiana.

En dicho foro, iniciado el 30 de mayo, los colectivos mexicanos hicieron un reconocimiento público al Congreso de la Unión por haber aprobado la reforma en materia de derechos humanos, aunque también exhortaron al presidente Felipe Calderón para que publique cuanto antes dicha enmienda en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, exigieron que el gobierno del país elimine el arraigo, y recordaron que dicha figura ha sido condenada en repetidas ocasiones por el sistema interamericano de justicia, e incluso en el informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque.

A pesar de dicho trabajo de denuncia, lamentó el activista, el gobierno de México simplemente ha hecho caso omiso a las recomendaciones y sentencias, lo cual es muy preocupante y confirma que las autoridades no tienen ninguna intención de cumplir con su trabajo.

Luego de haber realizado una visita de quince días por el país el año pasado, Knaul presentó un informe (La Jornada, 16/10/10), en el que, entre otros aspectos, señala que es urgente la eliminación del arraigo, dada la gran falta de control jurisdiccional con que se llevan a cabo estos procesos, sin que la administración calderonista haya dado visos de atender el señalamiento.

Otro tema destacado en Ginebra por las organizaciones mexicanas de derechos humanos fue el de la necesidad de reformar cuanto antes el Código de Justicia Militar, para que los abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean analizados por juzgados ordinarios, como ya ordenó en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de que Naciones Unidas sepa que el avance del Estado mexicano en el cumplimiento de las sentencias ha sido nulo, y la idea es que el gobierno responda a la brevedad, o que al no hacerlo, deje de manifiesto su falta de interés en el tema.