as administradoras de fondos para el retiro (Afores) son un negocio de los más lesivos que se hayan inventado contra los intereses de trabajadores. Confirmar en detalle cómo operan, a quiénes benefician, qué justificación tienen, provoca una gran indignación. En un país de salarios pobres y pensiones aún peores, se ha autorizado que estas entidades privadas, básicamente de origen extranjero, sean las únicas autorizadas para administrar los recursos pensionarios, obteniendo gigantescas ganancias, todo ello sin justificación técnica ni social, porque el papel que desempeñan es esencialmente de intermediación.
Hace 14 años nacieron las Afores en nuestro país con motivo de un cambio radical en el sistema de seguridad social, mediante el cual se abandonó su carácter solidario por uno de cuentas individuales en que el trabajador, patrón y Estado aportan. En ese entonces se dijo que el nuevo sistema generaría grandes beneficios al país y a los propios trabajadores. Todavía recordamos la ridícula propaganda donde el futuro jubilado, con el nuevo sistema aparecía descansando en una playa, gozando de una pensión que se prometió sería suficiente para vivir dignamente. Hoy se confirma que las promesas fueron falsas y que los retirados recibirán en promedio sólo la tercera parte del último salario percibido, mientras que otro gran sector deberá conformarse con un salario mínimo.
Este sistema de administración privada data de principios de los 80; precisamente en los tiempos de la dictadura de Pinochet en Chile, la seguridad social dejó de ser entendida como un medio distribuidor de ingresos y se convirtió en un negocio. En México se copió el modelo y se legisló para otorgar a particulares el derecho de apropiarse los fondos de pensiones por medio de tres instancias: las propias Afores, un llamado sistema especializado de fondos para el retiro (Siefores), que en la práctica opera como una simple mesa de dinero y, por último, las aseguradoras, con las que los trabajadores, al final de su vida laboral, se verán obligados a celebrar contratos para que sean éstas las que cubran su pensión; además, deberán contratar un seguro de sobrevivencia para que cuando fallezcan la pensión se pueda otorgar a sus beneficiarios, lo cual reducirá el fondo en el orden de 30 por ciento.
Las Afores, creadas con la excusa de traer grandes beneficios al país, se convirtieron al final en entidades acaparadoras de recursos, vinculadas a un reducido número de bancos que las manejan, mismos que canalizan estos fondos para préstamos al gobierno y atender los intereses de los propietarios de dichas instituciones. Los auténticos dueños de los recursos, que son los trabajadores, se convirtieron en testigos mudos que simplemente observan cómo capitales extranjeros y ejecutivos con altos salarios se benefician a su costa.
Desde 2008, las Afores cobran sobre el total de los recursos depositados en las cuentas, comisiones del orden de l.5 por ciento en promedio. Considerando que a la fecha existe casi un billón y medio de pesos en los fondos acumulados, el cobro total que hacen esas entidades financieras es superior a 20 mil millones de pesos. Cuantificado en relación con las cuotas obligatorias de los trabajadores, equivale a 16 de cada 100 pesos aportados.
A pesar de que los rendimientos e intereses que producen las inversiones han disminuido, llegando a generar resultados negativos, el cobro de las comisiones sigue siendo el mismo. Para cubrirlas se ha llegado a tomar recursos de las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno; en otras palabras, cuando un empleado observa en su estado de cuenta que su fondo se incrementa, es producto de las aportaciones, y no necesariamente de los rendimientos que debería generar su ahorro. Las Afores primero aplican su comisión, dejando para el final el interés del trabajador. Con razón se afirma que para buena parte de los empleados sería mejor guardar sus ahorros en el colchón.
Ante este abuso, carente de toda racionalidad social y financiera, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Uriel López Paredes, ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el propósito de corregir el sistema de cobro de comisiones, señalando que éstas deben tener como base las ganancias que la misma cuenta individual reditúe a las administradoras, y no sobre el saldo, ya que carece de todo sentido que tomen para sí, de manera automática, una parte de los fondos; asimismo, la propuesta admite que ciertos servicios puedan ser cobrados por cuota fija.
La iniciativa describe con datos precisos los abusos en que han incurrido estas administradoras de fondos y exhibe la complicidad de algunas entidades gubernamentales. Ello ha generado preocupación entre las Afores, que han encontrado en el sistema pensionario una veta importante para capitalizar a bancos e incrementar sus utilidades sin ningún riesgo ni consecuencia por el resultado de su desempeño.
Diversas organizaciones han manifestado su apoyo a la iniciativa del diputado López Paredes, reclamando un debate público sobre todo el sistema pensionario. Por ahora se hace hincapié en la necesidad de dar racionalidad a los costos de administración.
Para apoyar la capacidad de debate y propuesta de las organizaciones sociales se fundó el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, AC (CAESS), institución sin fines de lucro, creada como respuesta a la necesidad de participar activamente en la defensa y el fortalecimiento de la seguridad social, para darle viabilidad en el marco de la realidad mexicana y promover que la misma se reconstituya como un verdadero instrumento de justicia social para los trabajadores del país
. El CAESS, fundado por Ricardo García Saénz, hoy lo preside Miguel Ángel Sáenz Garza, destacado especialista en el tema, acompañado, entre otros, de un calificado grupo de actuarios con clara vocación social.
La iniciativa de ley mencionada y la presencia del CAESS representan un motivo de aliento para reencauzar la seguridad social, un tema en el que todos tenemos cifrado nuestro futuro.
