Redactarán un informe que podría ser entregado a la SCJN
Viernes 3 de junio de 2011, p. 18
Un grupo de diputados federales visitó este jueves a la ciudadana francesa Florence Cassez en el penal femenil de Tepepan, donde escucharon los argumentos de defensa expuestos por la mujer sentenciada a 60 años de prisión bajo cargos de secuestro, informaron abogados de la mujer.
Al encuentro, promovido por el Partido del Trabajo (PT), acudieron los diputados Arturo García Portillo, de Acción Nacional (PAN); Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, del PT.
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, durante la visita Cassez narró a los legisladores su historia que derivó en uno de los conflictos diplomáticos entre Francia y México más importantes de la década reciente.
Cassez ratificó lo que ha declarado en innumerables entrevistas a diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros: que no fue detenida el día en que sostuvieron las autoridades de la Agencia Federal de Investigación, que se violaron sus garantías consulares, procesales y de debida defensa durante su proceso ministerial y judicial, y que ella no participó en los secuestros que también se imputan a su ex novio Israel Vallarta.
Los legisladores redactarán un informe sobre el resultado de la visita, cuyos alcances legales aún son inciertos. No se sabe si producto de ese escrito se realizará algún exhorto dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que es la única y última instancia judicial pendiente de pronunciarse sobre el caso de Florence Cassez), o si sólo quedará un registro histórico para el archivo de asuntos extraparlamentarios.
Hace dos meses, el séptimo tribunal colegiado penal negó un amparo definitivo a Florence Cassez contra la sentencia de 60 años de prisión, pero una cuestión técnica, que implica estudios sobre violaciones a la Constitución en perjuicio de las garantías individuales de la mujer, permitió que la SCJN conociera del asunto. La resolución del máximo tribunal del país está pendiente y será la última instancia en el sistema jurídico mexicano.
