La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia capitalina por la dilación injustificada en la integración y determinación de la averiguación previa que inició hace más de 10 años, con motivo de la denuncia interpuesta por ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 por administración fraudulenta de tres fideicomisos.

El organismo aseguró que se acreditó que la dependencia se ha negado a investigar los hechos pues, sin agotar la investigación, el Ministerio Público consignó el expediente en dos ocasiones ante la juez 47 penal, mismas que la juzgadora lo devolvió por falta de agotamiento de todas las líneas de investigación posibles y en las que le pidió la realización de distintas diligencias.

En la denuncia interpuesta en 2001 se señala que cerca de 8 mil trabajadores que aportaron parte de su liquidación a tres fideicomisos para la adquisición de concesiones de transporte público resultaron afectados por la administración fraudulenta de dichos instrumentos, del cual responsabilizaron a los ex dirigentes sindicales Ricardo Barco y Gabino Camacho.

El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, dejó entrever que en este caso no hay ilícito que perseguir; se ha estado actuando, pero la verdad es que cuando no se encuentra que hay la comisión de un delito, pues simplemente no se acredita y punto, y señaló que analizará la recomendación y la responderá en el plazo de ley.