l 24 de mayo, en el marco de la promulgación de la nueva ley de migración, Felipe Calderón reconoció que las cosas están funcionando mal en la política migratoria
, pero está seguro de que serán superadas con esta nueva ley. Efectivamente, lo que hay que reconocerle es que su diagnóstico es correcto, pero la nueva ley, como ya habíamos señalado en colaboraciones anteriores, tiene muchos defectos y, por tanto, no se puede decir que México ha avanzado en la defensa de los migrantes.
La nueva ley señala que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito
. Y aquí está, desde mi punto de vista, uno de sus graves defectos y una trampa.
Si no se otorgan documentos a los migrantes, llámese visa de migrante o visa humanitaria, para que puedan transitar libremente por el país, se mantiene su vulnerabilidad y de ahí la criminalización. Documentar a los migrantes es tan importante que daría lugar a profundas transformaciones, no sólo benéficas para esas personas que finalmente verían que sus derechos humanos son respetados, sino que se eliminarían, casi de inmediato, gran cantidad de estructuras corruptas que son las que promueven las tragedias que viven estas personas.
Una primera consecuencia sería que las deportaciones ya no tendrían objeto, pues los migrantes estarían legalmente en el país. Exactamente lo que nuestros connacionales en Estados Unidos están demandando, pues es la falta de documentos lo que los ciminaliza y de ahí su enorme vulnerabilidad. Aunque como sabemos, es una buena estrategia del país vecino para mantener a una población muy trabajadora, altamente productiva, que paga impuestos para beneficio de los jubilados nativos, pero en la indefensión. Pueden ejercer contra ellos todo tipo de abusos, que van desde la falta de pago de salarios contratados hasta despidos injustificados. Las deportaciones precarizan todavía más a los migrantes. Por supuesto, no son masivas, pues el país se paralizaría, pero sí lo suficientemente importantes para destrozar a aquellas familias que pasan por este trance y para ejercer presión sobre los que se quedan. Esto se explica en Estados Unidos, pero no en México, a menos a que sean acciones para tener contento al país vecino.
Las condiciones mínimas de operación de las estaciones migratorias, propuestas en la nueva ley, siguen siendo lugares de detención. Y peor todavía si lo que se piensa, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, es la construcción de una base migratoria militar en Acayucan, Veracruz. No sólo sería otro paso hacia la militarización del país, sino una grave violación a sus derechos humanos, como ha señalado un importante número de ONG.
Bajo un ley que eliminara la irregularidad
, se eliminarían al mismo tiempo los operativos y las casas de seguridad
que son simplemente una vergüenza para el país, ¡una más!, y disminuirían en forma importante las extorsiones, secuestros, torturas, etcétera, que son bien conocidas. Como señala la fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre Migrante, Olga Sánchez Martínez: algunos agentes cometen injusticias y muchos delitos, como privación de la libertad por meses en estaciones migratorias, con la promesa de darles órdenes de salida que les permitan transitar por territorio nacional
. No es extraño que la tildaran de pollera por dar cobijo a migrantes, y la acusaban de enriquecerse cuando sólo cumplía con la obligación de ayudarlos (La Jornada, 25 de mayo). Y no se puede dejar de lado las denuncias que ha hecho el padre Alejandro Solalinde, director de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca, sobre la forma en que los agentes del Instituto Nacional de Migración han detenido a indocumentados y los han entregado a células de la delincuencia organizada. Denuncias que también le han costado hostigamientos permanentes.
Queda claro que las estrategias que se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Migración al cesar a 200 funcionarios implicados en actos de corrupción, sin ninguna sanción, es, por un lado, mantener la impunidad. Pero además se trata de una institución infiltrada por el crimen organizado, cuya limpieza parece casi imposible.
Por tanto, documentar a los migrantes reduciría la posibilidad de que agentes del instituto, miembros de la Policía Federal, y demás cuerpos de seguridad jugaran con la vida de estas personas. Es decir, se les quitaría la materia para la corrupción, y los migrantes, con el derecho de tránsito, podrían, entre otras cosas, dejar de viajar “a lomo de la bestia”, el terrible tren en el que no sólo muchos han encontrado la muerte, sino mutilaciones al caer cuando se quedan dormidos.
El gobierno mexicano tiene que entender que los migrantes no son delincuentes, que el fenómeno migratorio que el mundo enfrenta es el resultado de políticas económicas y sociales depredadoras y que la defensa de los derechos humanos, como señala Manuel Ángel Castillo, es hoy una vía más para luchar contra los efectos de los esquemas de desigualdad social, evidentes en todos los planos de la vida cotidiana
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