La Comisión Permanente del Congreso hará la declaratoria de la reforma constitucional en materia de derechos humanos durante la sesión del próximo miércoles y de inmediato la turnará para que se publique y entre en vigor, informó el vicepresidente del órgano legislativo, Francisco Arroyo Vieyra.

Expuso que es una de las reformas más importantes y nobles de los últimos tiempos, que lleva a la Carta Magna el respeto irrestricto a las garantías fundamentales consagradas en la ley suprema del país, pero también en los tratados internacionales signados por el gobierno mexicano.

La reforma, dijo, libró muchos obstáculos, pasó dos veces por ambas cámaras y estuvo a punto de quedar congelada en el Senado, porque parte de los legisladores del PAN se oponían a establecer la prohibición a discriminar por motivos de raza, religión y preferencias sexuales.

El sector ultraderechista del PAN trató de frenar la reforma en los congresos locales, sin éxito, porque ya casi 20 legislaturas locales la aprobaron. Para mi vergüenza, en mi estado, Guanajuato, la mayoría panista en la Cámara de Diputados la rechazó.

Arroyo Vieyra detalló que desde hace casi dos semanas la mayoría de los congresos locales –17– ya habían votado en favor de la reforma que otorga más facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de investigar violaciones graves de garantías constitucionales, pero aún no ha llegado la documentación a la Permanente.

“El miércoles próximo vamos a hacer la declaratoria, con el voto en favor de más de 20 congresos estatales y la vamos a pasar de inmediato al Diario Oficial de la Federación para que se publique”, aseveró.

Destacó que por tratarse de una reforma constitucional no requiere que el Presidente de la República la promulgue. “Por eso irá directo al Diario Oficial”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que se trata de la gran reforma de la última década. Enumeró los puntos más relevantes de la ley: Establece un piso de derechos que no podrán ser tocados ni restringidos en ningún caso, aun cuando se declarara un estado de emergencia. También modifica artículos hasta ahora intocados de la Carta Magna, como el 33, que establece el derecho de los extranjeros de ser escuchados en audiencia antes de que se decida su expulsión del país.

Por lo que corresponde a la CNDH, agregó, se le conceden facultades relevantes, incluso potestades que la Suprema Corte no le había reconocido, como la de poder impugnar leyes e interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales. Ninguna autoridad podrá negar información a la CNDH, que incluso tendrá derecho a acceder a información reservada.