Representantes de grupos civiles y de la Organización de Naciones Unidas pidieron a los gobiernos garantizar condiciones adecuadas –en calidad y cantidad– de servicios educativos, como única alternativa para evitar que cada día más jóvenes se conviertan en blanco fácil de la delincuencia y las adicciones.

En tanto, activistas del norte del país señalaron que en lugar de reconstruir el tejido social mediante la educación, el gobierno ha sido negligente en la creación de alternativas escolares para este sector de la población.

La víspera, alcaldes de la zona norte de México admitieron que los muchachos truncan sus estudios por falta de preparatorias, situación que los pone en el blanco del crimen organizado. Presidentes municipales calculan que hasta 80 por ciento de los adolescentes padecen el abandono de las autoridades en este renglón.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, rechazó el diagnóstico de las autoridades locales: esas cifras no coinciden bajo ninguna circunstancia con las nuestras.

Dijo que este año la SEP cuenta con un presupuesto importante para la construcción de nuevas preparatorias. Estamos analizando dónde vamos a colocar, estratégicamente, las nuevas preparatorias para dar más espacio a los jóvenes donde más se requieren, expresó.

Arne Carlsen, director electo del Instituto de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, señaló que atender la demanda de educación de los jóvenes debe ser prioridad para cualquier país, frente a fuerzas poderosas, como la violencia.

Dijo que la formación de jóvenes y adultos es una de las respuestas para ir contra la violencia, pero son necesarias otras medidas, como valores en la familia, contar con condiciones económicas para sobrevivir y tener perspectivas de empleo digno, entre otras.

Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la Unesco, indicó que debe invertirse más en cobertura en zonas difíciles, pero advirtió que no sólo se trata de poner más plata al problema, sino hacerlo de forma astuta e inteligente.

Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) –con sede en Monterrey, Nuevo León–, recordó que hace apenas dos años la preocupación respecto a los jóvenes era que no había lugares suficientes para que continuaran estudiando, a lo que actualmente se suma el hecho de que buena cantidad de ellos ya ni siquiera hacen el intento de matricularse.

Ahora, a muchos los desaparecen o se incorporan en la delincuencia organizada. Empiezan de forma muy sutil, vendiéndole droga a sus amigos, y luego terminan involucrados en esa estructura, muchas veces con la complicidad de las autoridades, deploró.

Blanca Mesina, activista de derechos humanos asentada en Tijuana, Baja California, confirmó que en esa ciudad las escuelas públicas son escasas, y no pueden cubrir la enorme demanda que generan las ciudades fronterizas.

En tanto, los diputados Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron que el incremento en el número de jóvenes que carecen de oportunidades para trabajar y estudiar no podrá frenarse si la administración federal se obstina en enfrentar las consecuencia de la pobreza, de un pésimo sistema educativo.