La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, al detectar movimientos financieros en una sola de sus cuentas bancarias por 432 millones 536 mil 378 pesos, y en la cual se llegaron a recibir hasta 50 millones de pesos en efectivo en una sola transacción.

Martínez Fernández quedó a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México y podría ser hasta el lunes cuando se le decrete auto de libertad o formal prisión. En tanto permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

El caso fue revelado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge Efraín Moreno Collado, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que afirmaron durante una conferencia de prensa que se trata de un asunto aislado e indignante que mancha el buen nombre de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y el prestigio ganado.

Las operaciones millonarias que se realizaban en las cuentas de Martínez Hernández, quien tenía su oficina en el bulevar Adolfo López Mateos (Periférico Sur) 1950, en la colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien a su vez advirtió del asunto al Consejo de la Judicatura Federal.

De esa manera, el 28 de enero de este año el órgano del PJF presentó una denuncia de hechos ante la PGR al detectarse que en años recientes (de 2003 a 2010) obtuvo y registró ingresos y egresos superiores a sus percepciones como servidor público.

En el lapso antes mencionado, Esiquio Hernández ganó oficialmente 5 millones 444 mil 814 pesos, luego de los descuentos de ley, y eso declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de presentar sus declaraciones patrimoniales. Al mes obtenía como salario 45 mil pesos en promedio.

Sin embargo, las autoridades elaboraron un dictamen contable de sus cuentas bancarias y en una de ellas registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos.

De acuerdo con información obtenida en el Poder Judicial, los peritajes realizados por Hacienda y el Ministerio Público Federal detectaron que especialmente en los últimos seis meses de 2010, el secretario de acuerdos del juez Álvaro Tovilla León realizaba al menos tres movimientos financieros al día. Sacaba de una cuenta, movía los recursos de sus inversiones, contrataba nuevos plazos enviaba dinero a otras cuentas y luego le depositaban en efectivo cantidades que superaban los 10 millones de pesos.

Los depósitos a las cuentas del funcionario judicial no sólo se realizaron en sucursales bancarias del Distrito Federal, también se hicieron en Morelos, Tlaxcala y algunas más alejadas del centro del país, revelaron funcionarios del CJF y de la PGR.

La investigación corrió a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y tras obtener las pruebas documentales necesarias la PGR solicitó una orden de aprehensión al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

El viernes el mandamiento judicial fue librado y de inmediato agentes de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI) montaron un operativo de vigilancia, y antes de que ingresara a sus oficinas fue detenido y llevado ante el juez que emitió la orden de captura.

Horas más tarde, al filo de las 14:30, los consejeros de la Judicatura señalaron que este es un caso aislado y que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se rigen por una conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.

El caso de Esiquio Martínez obligó al CJF a emitir un acuerdo los primeros días de abril para que los ingresos y patrimonio de todos los integrantes del PJF sean fiscalizados, esto incluye la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, para evitar, prevenir y detectar otros actos de corrupción.

El de Esiquio Martínez se ha convertido en el caso más importante de corrupción en años recientes dentro del PJF, y por ello la indagatoria que llevó a su captura sigue en curso y se investiga a otros funcionarios del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, incluido el juez Álvaro Tovilla.

Con anuencia del juez, el 4 de octubre de 2007, dentro del expediente 1267/2007 Esiquio Martínez Hernández en su calidad de secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, concedió autorización al casino Paradise, que operaba en la ciudad de Monterrey, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y del cual supuestamente existía una sucursal en el Distrito Federal.

Álvaro Tovilla, con quien laboraba Esiquio Martínez, ha tenido casos controversiales, entre ellos el caso El Encino, que dio origen al juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004. En marzo pasado, fue el único juzgador que concedió un amparo al Grupo Iusacell en contra de la llamada licitación 21. Sin embargo la resolución fue revocada por el 17 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

También en marzo de este año, el juez Tovilla León concedió una suspensión al grupo Corporativo Pedregal Hispamex, empresa encargada de la construcción de la llamada Torre Pedregal, en la colonia Lomas de Chapultepec, y con su resolución impidió clausuras a la obra.