Organizaciones no gubernamentales, académicos y defensores de derechos de los migrantes advirtieron que existe una debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México.

No es con más militares como se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para evitar los abusos, tanto de bandas criminales como de funcionarios corruptos, debe analizarse la situación del Instituto Nacional de Migración, desde la formación institucional hasta la incorporación de protocolos para el respeto de las garantías de los migrantes, indicaron.

Manifestaron que continúa la violación sistemática a los derechos humanos de los extranjeros en nuestro país, y que la Ley de Migración, en vigor desde hoy (jueves), no brinda mayores garantías a estas personas.

Por el contrario, puntualizaron, continúa la vinculación entre la migración y el tema de seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria, y no desaparecen los operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial.

Además, los tiempos de detención de los migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes en tránsito no cambian de fondo respecto de lo que existía con la Ley General de Población.

Advirtieron que los cambios que se pretende impulsar se enfocan a medidas policiales y militares que en nada ayudan para disminuir las agresiones a los migrantes.

Los comentarios anteriores fueron emitidos por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria, integrado por una veintena de organizaciones de la región, así como integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Grupos como Sin Fronteras, Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, entre otros, advirtieron también acerca de la crisis institucional, sin precedentes y cada día más ostensible, del Instituto Nacional de Migración.

Vemos cómo se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señalaron que diversos artículos de la actual Ley de Migración atentan contra la Constitución, entre otros, en los apartados relativos a la discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.

Las organizaciones civiles subrayaron que la debilidad de las instituciones tampoco puede ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas, como en el caso de las obras previstas en Acayucan, Veracruz, al construir una base migratoria.

Éste es un paso más hacia la militarización del país. Poner a los migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos que extralimita, por mucho, el mandato de las fuerzas armadas y significa un estado de excepción, advirtió.

Las organizaciones civiles de las que se hace referencia exigieron reformar la recientemente vigente Ley de Migración y ser tomadas en consideración para la elaboración del reglamento respectivo.