La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejó de ser la representación popular más cara del país.

Un estudio elaborado por la Comisión de Presupuesto detalla que el Congreso del estado de México es el que más recursos tiene asignados para este año, seguido de la legislatura capitalina, después la de Jalisco y más atrás la de Nuevo León.

De acuerdo con el documento, elaborado con base en información de las respectivas secretarías de finanzas y los presupuestos locales, el Congreso mexiquense tiene asignado un presupuesto de mil 310 millones 661 mil 775 pesos, que, dividido entre los 75 representantes populares, de un costo a la población 17 millones 475 mil 490 pesos cada uno.

Incluso, el recurso anual que se ha asignado de 2008 a la fecha ha ido en aumento paulatino.

Según el análisis de la Comisión de Presupuesto –que encabeza Erasto Ensástiga– la ALDF se autorizó para 2011 un gasto total de mil 171 millones 386 mil pesos, de los cuales la Comisión de Gobierno decidió asignar 150 millones a la creación del Fideicomiso para el Apoyo al Empleo y la Educación de los Jóvenes del Distrito Federal, con lo cual el recurso para actividades estrictamente legislativas quedó en mil 21 millones 386 mil pesos, que en términos reales significa una disminución de 2.20 por ciento respecto del año anterior.

Al dividir esa cifra entre los 66 representantes populares, cada uno cuesta a los capitalinos 15 millones 475 mil 549 pesos, cifra menor a la de 2008, cuando cada diputado capitalino costaba al erario 17 millones, y en 2009 llegó a 18.4 millones.

Respecto del Congreso de Jalisco, este año ejercerá 556 millones 416 mil pesos, que divididos entre sus 39 legisladores, de un costo para los habitantes de 14 millones 267 mil pesos. En este caso, tanto su presupuesto anual como el costo de cada representante popular ha mostrado un alza paulatina de 2008 a la fecha, situación que se repite con el Congreso de Nuevo León, donde cada uno de sus 42 diputados cuesta 8.2 millones de pesos.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, las políticas de austeridad aplicadas de 2009 a la fecha han permitido eficientar el uso de los recursos públicos y erradicar, en lo posible, los manejos discrecionales, haciendo más transparente el dinero, las cifras y los datos.