El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga la evolución patrimonial atípica de por lo menos 10 secretarios de acuerdos de tribunales y juzgados del país, como parte de las medidas adoptadas por ese órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial de la Federación (PJF), con las que se pretende prevenir que funcionarios judiciales incurran en actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

Estamos revisando las cuentas bancarias de una decena de secretarios de juzgados de distrito y tribunales de circuito, cuyos ahorros no corresponden a su nivel de ingresos, reveló ayer a La Jornada un funcionario de la Judicatura Federal que pidió no mencionar su nombre.

La medida de investigar las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de juzgadores y funcionarios judiciales fue adoptada por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y avalada por los seis consejeros de la Judicatura.

Según el funcionario consultado –quien se negó a proporcionar los nombres de los secretarios de acuerdos sujetos a investigación–, dos de los empleados del PJF sujetos a investigación por su evolución patrimonial, enfrentan quejas administrativas ante el CJF presentadas por litigantes que aseguraron que los servidores públicos recibieron sobornos para favorecer a su contraparte en un juicio.

El pasado 11 de abril, el CJF determinó que puede solicitar directamente a las instituciones financieras información sobre las cuentas de los jueces, magistrados, consejeros y demás servidores públicos del PJF, sin intermediación de otras autoridades, como ocurría antes.

Las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que el Consejo de la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, señala el acuerdo general 10/2011 del pleno del CJF.

El Consejo de la Judicatura Federal administra más de 670 juzgados y tribunales federales en el país, con unos 33 mil empleados, de los cuales mil 123 son jueces de distrito y magistrados de circuito.

El Consejo de la Judicatura considera que la información bancaria constituye un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de magistrados y jueces, así como del personal adscrito a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio consejo, argumentó el CJF al emitir el acuerdo.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el monitoreo será particularmente cercano a las cuentas de miles de secretarios de juzgados y tribunales, que son clave para su funcionamiento, pues son los encargados de estudiar en primera instancia los casos y redactar los proyectos de acuerdos y sentencias.