El ex titular de la Procuraduría General de la República y ahora abogado de Sempra Energy, Fernando Antonio Lozano Gracia, amenazó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie propietario de los terrenos donde se asentó la regasificadora de la trasnacional estadunidense en Ensenada, Baja California, para que se desistiera del proceso contra la empresa porque trae consigna de chingarme si no doy marcha atrás en mi esfuerzo por recuperar lo que es mi propiedad.

Sánchez Ritchie reveló y envió a este diario tres documentos en los cuales se advierte la amenaza de Lozano Gracia. Ramón Madero –socio de Aviacsa y quien ha contratado al ex procurador como representante legal– envió un e-mail (con fecha del 16 de abril de 2011) a Alberto Isaac abogado de Sánchez Ritchie con el siguiente contenido:

“Ramón, estuve en mi junta con la SCT hoy en la mañana, estuvo el senador Jorge Castro Tretis (sic) –el único legislador con el apellido Castro es el priísta Fernando Castro Trenti–, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado y que iba en apoyo nuestro, no sé quién lo mandó, pero él dijo que me estaba apoyando para sacar adelante a Aviacsa.

Después de la junta me jaló el licenciado Lozano y me dijo que era por beneficio nuestro el desistirnos y me dio una serie de argumentos, y me comentó que ayer estuvo el presidente de Sempra con él. Que de buena manera nos ayudarían, pero traen la consigna de chingarte.

Incluso, Sánchez Ritchie recibió de Lozano Gracia un texto donde se desistiría del proceso que inició hace más de cinco años –y del que este diario tiene copia– y aceptaría lo siguiente, en caso de firmarlo.

Juez décimo primero de distrito con residencia en Ensenada. En mi carácter de quejoso, ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer: Que por así convenir a los intereses del suscrito, vine a desistirme a su entero perjuicio de la demanda de garantías en que se actúa, solicitando atentamente a su señoría se sirva señalar el día y hora a efecto de que el suscrito ratifique el contenido del presente escrito.

Incluso Lozano, expuso Sánchez Ritchie a este diario, ofreció dos posibilidades. La primera, “de aceptar sus amenazas la controversia se centrará en las acciones civiles correspondientes a efecto de demostrar el mejor derecho que sostengo, como Energía Costa Azul, respecto del predio en conflicto, con lo que existiría certeza jurídica.

Y si no me desistiera, continuarán además de la demanda de amparo, la suspensión provisional decretada en ese procedimiento a favor de Energía Costa Azul; la demanda de amparo promovida por Energía Costa Azul en contra de los actos de autoridad del municipio de Ensenada, y las acciones penales promovidas por Energía Costa Azul en contra del municipio, tanto en el ámbito local como federal.

En el mes de abril de 2003 los gobiernos federal, estatal y el municipal de Ensenada, Baja California –los tres de extracción panista– autorizaron los requisitos para cambio de uso de suelo, permisos de construcción, estudio de impacto y riesgo ambiental en evidente transgresión de las leyes federales y locales, para instalar terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Energía Costa Azul, propiedad de la trasnacional Sempra Energy.

Autorizado el citado proyecto en terrenos del área de la colonia Costa Azul, el propietario de las fracciones A y B, Ramón Sánchez Ritchie fue objeto de despojo –a pesar de haber sostenido negociaciones de compra venta con la trasnacional– a manos de Francisco Javier Molina Robles, quien amparándose en una escritura de fecha 31 de enero del 2006 aducía que la señora Elodia Gómez le había vendido los terrenos citados.

No obstante, aquella escritura registrada por el notario número cinco de Ensenada, reconocía que la vendedora había muerto desde el 10 de octubre de 2004. Y aún más, Sempra Energy acusó a Sánchez Ritchie por el delito de despojo, y a través de la averiguación previa 3919/06/311/AP, se ordenó a la Procuraduría General de Justicia del estado que fuera desposeído del inmueble el 15 de septiembre del 2006.

En la queja presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal contra Daniel Cabeza de Vaca y César Jáuregui Robles donde se denuncia la operación conjunta de éstos con el ex procurador, Antonio Lozano Gracia, para cabildear en favor de Sempra, se documenta la participación directa del entonces gobernador panista Eugenio Elorduy Walther en el despojo a Sánchez Ritchie.

“Su secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez Aguirre, citó a mediados de 2006 –en el mes de junio– a funcionarios de la empresa Sempra Energy y apoderados legales de la misma, como también al entonces procurador General de Justicia en el estado licenciado Antonio Martínez Luna, a la oficina ubicada en el edificio del Poder Ejecutivo en el Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California.

Por declaración del entonces procurador de Justicia, que forma parte de las actuaciones en la previa 3811/09/311/AP ante el Ministerio Público de Delitos Patrimoniales de la ciudad de Ensenada, manifestó entre otros acontecimientos: que estuvieron presentes funcionarios estadunidenses de la citada empresa, los apoderados legales Alejandro Ríos Rippa y Sergio Fillad Fahme y el declarante y ahí le dio instrucciones el entonces secretario general de Gobierno para darle seguimiento a la denuncia por despojo que se presentaría y que era prioridad poner en posesión de los terrenos en conflicto a Sempra.

Así inició un largo juicio –tiempo en que se edificó la planta regasificadora sobre los terrenos en litigio– en el que participó Sánchez Ritchie y sus apoderados legales en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Tras el exhaustivo análisis de las pruebas y declaraciones de los participantes, el segundo tribunal colegiado del décimoquinto circuito determinó la no existencia del delito y ordenó la restitución del inmueble al propietario original.

Con esa derrota jurídica a cuestas, Sempra contrato al abogado Antonio Lozano Gracia en mayo de 2010, cuando se desarrollaba el trámite del amparo 84/2010 ante el segundo tribunal colegiado de este décimoquinto tribunal de circuito, “y empieza con sus gestiones espurias, ya que hacía acto de presencia con frecuencia ante los señores magistrados, un abogado conocido en el medio como el charro Salinas, que en la actualidad sabemos se trata de Armando Salinas Torre –ex subsecretario de Gobernación y ex presidente de la Cámara de Diputados federal entre otros cargos públicos–, quien se comunicaba con los magistrados en relación al tema”, considera la queja.

Incluso el apoderado de Sempra, Alejandro Ríos Rippa, señaló como domicilio procesal el ubicado en Montes Pirineos 740, colonia Lomas de Chapultepec. CP 11000 en México, DF y autoriza para que consulten el expediente a los licenciados Fernando Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torre, Pedro Alberto Nava Malagón y Alejandro Linares Carballo.

Sin embargo, advierte Alberto Isaac, defensor de Sánchez Ritchie, ninguno de esos abogados “se encuentran autorizados en ninguno de los amparos 627/ 2010 en representación de los terceros perjudicados –Sempra Energy– como tampoco en el amparo 148/2011 en representación en su caso del quejoso, prueba determinante de sus gestiones espurias y cabildeo en favor de los intereses de Sempra Energy. Es de advertirse que el licenciado Antonio Lozano Gracia a partir del mes de marzo de este año 2011, no ha dejado de estar insistiendo a grado tal de intimidar y amenazar a nuestro representado. Recurrió a tácticas propias de la delincuencia organizada, porque amenazó que para poder vivir tranquilo era necesario que se desistiera del amparo.