Reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, un logro social

• El Estado, obligado a garantizar el abasto suficiente y oportuno de básicos
• Importante decisión legislativa en momentos de crisis alimentaria

FOTO: Iván Cruz / Cocina Huasteca poblana

Por fin, después de casi 25 años desde que el médico Salvador Zubirán propuso a legisladores incluir en la Constitución el derecho a la alimentación, el pasado 29 de abril la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad (404 votos a favor y cuatro abstenciones) una reforma en ese sentido, así como la obligación del Estado para garantizarlo y para asegurar el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos a fin de permitir el desarrollo sustentable e integral de la población.

Las modificaciones constitucionales son así: “Artículo cuarto: Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El Estado lo garantizará” y “Adición a la fracción XX del Artículo 27: El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión deberá ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor inmediatamente después.

Un comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País señala que “esta reforma representa un paso trascendental hacia la construcción de una nueva política de Estado de largo plazo, para garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad agroalimentaria y nutricional del país con base en la soberanía alimentaria, la revaloración de las agriculturas campesinas e indígenas y la puesta en marcha de estrategias y acciones para la efectiva realización y exigibilidad del derecho humano a la alimentación”.

Asimismo, “será un buen inicio para erradicar, de una vez por todas, la desnutrición crónica en México, que en pleno siglo XXI afecta a más de diez millones de personas, problema que no es recomendable sostener, por razones éticas, económicas y políticas”.

Los participantes de esta Campaña, que se movilizaron intensamente durante los 12 meses previos a la votación mencionada –pues desde el 20 abril de 2010 la Cámara de Diputados envió al Senado la minuta original de esta reforma— recordaron que el médico nutriólogo Salvador Zubirán, originario de Chihuahua, hizo por primera vez la propuesta a los legisladores de reconocer en la Constitución el derecho a la alimentación como un derecho universal. Esto ocurrió el 7 de octubre de 1986, cuando Zubirán recibó la medalla “Belisario Domínguez” en el Senado de la República de manos del entonces presidente Miguel de la Madrid.

Luego de que la minuta de la iniciativa de reforma fue enviada en abril de 2010 al Senado, éste la modificó en los términos del texto y el 14 de abril la aprobó por unanimidad con 84 votos. Debido a los cambios fue que debió regresar a la Cámara baja para su aprobación final.

“El nuevo texto propuesto es en sí un logro para la sociedad civil, pues refleja fielmente lo que se ha insistido desde hace 17 años (periodo en que las organizaciones han sido activas demandando el derecho en cuestión)”, afirmó la Campaña luego de que el Senado votó esta reforma. Felicitó “el gran esfuerzo, perseverancia y empuje que cerca de una centena de organizaciones civiles pequeñas y grandes, nacionales y locales, rurales y urbanas (…) realizado en los últimos años, meses y días, con el objetivo firme de conseguir el reconocimiento de este derecho fundamental, sin el cual el cumplimiento de otros derechos es imposible”.

Una primera reacción provino de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Oficina en el país de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos; en un comunicado conjunto señalaron que con esta reforma el Estado mexicano garantizará que toda persona tenga derecho a una nutrición suficiente y de calidad. Dijeron que este es un paso adicional en la transformación constitucional que el Estado mexicano experimenta en materia de derechos humanos. Y, agregaron,” la medida es particularmente oportuna para remontar la crisis alimentaria que afecta a miles de personas”. (LER)

¿Mayor producción de maíz y trigo con masagro?

Alejandro Espinosa Calderón y Antonio Turrent Fernández

México es el tercer importador mundial de maíz, después de Japón y China. Importa uno de cada tres kilos que consume, dentro de una tendencia desafortunada que lo llevaría a importar uno de cada dos kilos hacia el año 2025. Estados Unidos ha sido el principal abastecedor internacional de maíz barato (por ser ampliamente subsidiado) y el principal proveedor de nuestro país. Sin embargo, la época del maíz internacional barato ya tocó su fin. Viene la época del maíz internacional caro.

En los 15 años recientes, el Estado mexicano ha apoyado de manera preferente a los productores de maíz de corte empresarial, quienes ya cultivan los tres millones de hectáreas de tierras de mayor calidad de los nueve millones que se siembran con maíz cada año. Los seis millones de hectáreas restantes son cultivadas por los campesinos, que aprovechan las tierras de menor calidad agrícola, en las que maneja la más rica diversidad genética de maíz del mundo.

Los campesinos domesticaron al maíz a partir del teocintle durante 300 generaciones de habitantes de Mesoamérica. También inventaron el “mejoramiento genético autóctono” mediante el cual han diferenciado 59 razas nativas de maíz y siguen mejorando el grano. Los rendimientos de los campesinos son bajos por no tener a su alcance los insumos claves de la producción (el fertilizante y la protección contra plagas). Ellos producen la única oferta de maíz insustituible para la cocina pluricultural mexicana (tortillas, tlayudas, totopos, pozole, pozol, tlacoyos, tamales, tehuino, tascalate, etcétera). Los maíces modernos no son sustitutos de los maíces nativos en cuanto a calidad para la cocina mexicana.

La nación requiere cambiar su estrategia de producción de maíz para su seguridad alimentaria. Para alcanzarla, los consorcios multinacionales, encabezados por Monsanto, ofrecen al país su “tecnología privada transgénica”; el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ofrece su proyecto Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ofrece su proyecto “Autosuficiencia en maíz con tecnología pública”.

El presidente de México escogió la propuesta del CIMMYT, mientras la propuesta de los consorcios multinacionales avanza, y se desestima la propuesta del INIFAP. El presidente anunció recientemente, en la sede del CIMMYT, el inicio del proyecto Masagro, para el cual el país invertirá mil 650 millones de pesos en los próximos diez años. El mismo presidente explicó a la prensa su visión de apoyar a la ciencia antes que “regalar fertilizante y tractores a los productores”. Masagro promete incrementar sustentablemente el rendimiento promedio actual tradicional (campesino) de 2.2 toneladas por hectárea a 3.7 dentro del plazo de diez años. El proyecto consta de tres componentes en cuanto al maíz: 1) Desarrollo sustentable con el productor, 2) Descubrimiento de la diversidad genética de las semillas de maíz nativo, y 3) Estrategia internacional para aumentar el rendimiento del maíz. El segundo componente implica el análisis de ADN de 422 mil muestras de maíz nativo mexicano, componente al que se destinará la mayor fracción presupuestal, que será coordinada por el CIMMYT con participación de laboratorios internacionales y nacionales. Los dos componentes restantes han sido definidos por el CIMMYT para ser ejecutados por investigadores mexicanos de institutos y universidades públicas y privadas.

Los investigadores serán coordinados y recibirán financiamiento en lo individual por medio del CIMMYT. Los componentes 1) y 3) persiguen la sustentabilidad (del suelo y de la diversidad genética del maíz). Sin embargo, a la manera de la revolución verde, la intención es introducir variedades mejoradas resistentes a la sequía, desplazando a los maíces nativos. Éstos serán conservados por programas especiales in situ y en bancos de germoplasma. Esta estrategia reducirá la diversidad genética in vivo e interrumpirá el “mejoramiento genético autóctono”.

De ocurrir lo anterior, se someterá a una presión adicional a los campesinos y al campo mexicano en crisis desde hace muchos años. Actualmente tenemos una gran distorsión del sistema de semillas en México, propiciada por quienes promovieron el cierre de la Productora Nacional de Semillas (Pronase), y por el abandono de abastecimiento alternativo de semillas, todo lo cual ha generado la concentración de la producción y el comercio de semillas en unas cuantas empresas transnacionales, que venden este insumo a los precios más elevados del mundo. Lejos de corregir esta distorsión, con Masagro se afectará severamente la sustentabilidad y equilibrio de la diversidad genética de la especie más importante para la humanidad.

Investigadores del INIFAP y miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC [email protected], [email protected]