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Oaxaca

Pueblo Triqui:
es tiempo de resurgir

Armando Martínez Rosales

Si de resistencias hablamos, la del pueblo triqui representa una de las más tenaces y largas del movimiento indígena en México. El pasado abril se cumplieron dos años de los asesinatos de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, emisora del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), emboscadas en el camino que conduce a La Joya del Mamey, comunidad controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui ligado al Partido Unidad Popular (MULT-PUP).

También se cumplió el primer aniversario del ataque fatal perpetrado, por paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en contra de la primera caravana humanitaria que tenía como objetivo denunciar y documentar el cerco paramilitar impuesto por ambas organizaciones sobre las familias de San Juan Copala –denunciado por el MASJC desde noviembre de 2009– y donde perdieron la vida dos defensores de derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

El MASJC, surgido en enero de 2007, planteó tres ejes fundamentales que coinciden con otras iniciativas de autonomía indígena: 1) establecer un territorio de paz trabajando sin la intervención de cuerpos policiacos estatales o federales, ni militares; 2) organizarse al margen de todos los partidos políticos, y por lo tanto, desconocer y denunciar a las organizaciones triquis ligadas a éstos que han asumido la representatividad del pueblo triqui ante el Congreso Nacional Indígena (CNI) y otros movimientos sociales como La Otra Campaña, siendo diputados y haciendo política desde arriba, y 3) recuperar los marcos jurídicos y políticos propios de los triquis, es decir la Asamblea, el Consejo de Ancianos y las Mayordomías de los barrios, así como conformar una Policía Comunitaria encargada de la seguridad de las comunidades agrupadas en torno al MASJC.

Durante los primeros dos años de autonomía, con los tropiezos y las contradicciones que cualquier proceso político construido abajo y a la izquierda conlleva, se lograron objetivos contundentes para los barrios triquis de Copala, Guadalupe Tilapa, Yosoyuxi, Santa Cruz Tilapa, Agua Fría, Paraje Pérez y San Juan Copala, integrantes del MASJC. El primero de ellos, el más visible, el más reconocido por sus habitantes, fue la pacificación de Copala: “ahora podemos salir a tomar el sol a las calles, se pueden celebrar nuestras fiestas en paz, si eso se logra con la autonomía, estamos muy felices con ella”.

Otro paso importante se dio en materia de educación, con el impulso a la remodelación de albergues escolares y escuelas en San Juan Copala, Yosoyuxi y Guadalupe Tilapa, además de garantizar transporte escolar gratuito para trasladar a niños y niñas desde las comunidades más alejadas. Se logró la permanencia del médico asignado a la clínica de San Juan Copala, que antes del 2007 había quedado desierta. Se remodelaron plazas públicas, la iglesia de Tata Chú, y se comenzaron obras de drenaje y apertura de brechas entre comunidades. También se establecieron convenios de colaboración con algunas universidades, por ejemplo con la Autónoma Metropolitana. Se inauguró la radiodifusora, transmitiendo programas realizados en triqui por jóvenes, principalmente mujeres. En gran medida, se pudo trabajar por el apoyo económico de migrantes triquis dentro de México y en Estados Unidos que simpatizan con el proyecto autonómico.

El MASJC comenzó a ser un referente para las autonomías indígenas a nivel nacional, intercambiando experiencias y coincidiendo en eventos políticos con otros procesos como la Policía Comunitaria de Guerrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, a quienes visitaron para compartir su palabra y su lucha al lado de Bety Cariño.

Dos hechos coyunturales se conjuntaron para que las amenazas y agresiones en contra del MASJC se materializaran en el ocaso del año 2009. En primer lugar, el inicio de la campaña electoral para elegir gobernador, donde por supuesto la autonomía triqui representaba un obstáculo, tanto para el MULT-PUP, que designó como candidata a María de los Ángeles Abad Santibañez, política con más de 30 años de trayectoria en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y actual vocera del gobierno de Gabino Cué, así como para la Ubisort, que necesitaba garantizar votos para el candidato del PRI. Por otro lado, el inicio de asambleas entre los barrios discutiendo la elección de nuevas autoridades autónomas para el trienio 2010- 2012, lo cual garantizaba y daba fortaleza a la joven autonomía triqui y representó una afrenta para quienes se oponían a ella.

De noviembre de 2009 a la fecha, se han registrado más de 20 asesinatos de miembros del MASJC a manos de quienes ellos mismos acusan de paramilitares del MULT-PUP y de la Ubisort-PRI. Entre los muertos están el niño Elías Fernández de Jesús; Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro (él era uno de los principales líderes impulsores de la autonomía y del proceso de paz), y Teresa Ramírez Sánchez, quien gozaba de medidas cautelares implementadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). San Juan Copala fue asaltado por los mismos paramilitares en septiembre del año pasado; actualmente hay alrededor de 600 desplazados producto de dicho ataque alojados en plantones en la capital oaxaqueña y en el Distrito Federal, así como en las otras comunidades autónomas.

Pero el MASJC no sólo ha tenido que enfrentar la impunidad del gobierno federal, del gobierno represor que ejerció Ulises Ruiz y del ahora gobernador del “cambio” Gabino Cué, quien por cierto, ha señalado que la autonomía triqui está fuera de la ley, y se reúne con la dirigencia del MULT-PUP, porque ellos sí son institucionales: “(Heriberto Pazos) fue un líder honesto(…), un líder siempre congruente con sus ideas de lucha progresista (…) un hombre que supo ser institucional, en mantener una relación de respeto con las autoridades…”.

También el MASJ se ha tenido que enfrentar al silencio de quienes se esperaría fueran sus aliados “naturales”, de quienes caminan abajo y a la izquierda dentro del CNI y La Otra Campaña, así como a la indiferencia de la mayoría de organismos de derechos humanos nacionales ante los desplazados y los muertos del MASJC, y a la indiferencia también de quienes, a pesar de las explicaciones y argumentos contundentes, continúan manteniéndose al margen en el mejor de los casos, o defendiendo y del lado del MULTPUP que ha sido acusado directamente por las propias víctimas como responsable de las agresiones en contra de la autonomía.

Sin grandes reflectores, y sin los recursos económicos que manejan las organizaciones que reciben dinero de los partidos políticos ya mencionados, la resistencia del MASJC se ha convertido en un referente de dignidad, permaneciendo viva y escribiendo una página más en la heroica historia de su pueblo.

Acompañados de quienes han entendido su lucha, las comunidades autónomas y las desplazadas y los desplazados de Copala han anunciado una movilización que partirá el 23 de mayo de la Ciudad de Oaxaca rumbo al Distrito Federal, denominada la Marcha del Color de la Sangre, para evidenciar una vez más que se mantienen en pie dando una lección de resistencia que retumba en las palabras de Reina Martínez, vocera de familias desplazadas en Oaxaca, quien advierte: “sí es cierto que estos hechos criminales retrasaron nuestro proyecto de lucha, pero no lo acabaron, ni lo acabarán. No cierra la herida, sigue sangrando, duele Bety, duele Jyri, duelen nuestros más de 20 muertos, duelen nuestro heridos, duelen nuestros huérfanos, duelen y duele mucho, duele nuestro Chuma’a porque es nuestro corazón de los triquis, pero no es tiempo de lloraderas, es tiempo de resurgir…”.

FOTO: Gaceta Movimientos Oaxaca Radios comunitarias alzan la voz contra la exclusión Sofía I. Medellín Urquiaga Al concierto de la diversidad de luchas y resistencias en el campo mexicano, las radios comunitarias suman voz. Estas radios, nacidas de necesidades concretas y en manos de los pueblos, acompañan batallas en contra del despojo, la imposición, la dominación, la exclusión y la injusticia. Las radios se convierten en instrumentos de comunicación en lucha para defender territorios, construir autonomías, resistir los múltiples embates de la voraz acumulación capitalista y avanzar en procesos y proyectos del desarrollo autónomo de pueblos y comunidades del sector rural. Algunas radios comunitarias, por ejemplo, han acompañado procesos de construcción de autonomías indígenas. Tal es el caso de Radio Ñomndaa en el Municipio Autónomo de Suljaa’, Guerrero, o la experiencia del Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui de Oaxaca: “Cuando el municipio autónomo se acercaba a cumplir un año, nos dimos cuenta que necesitábamos fortalecer la comunicación con las comunidades lejanas. Decidimos instalar una radio comunitaria. Por esto, desde el principio se llamó La Voz que Rompe el Silencio: para que fuera la voz de las comunidades que no tenían voz, para que éstas pudieran reclamar la justicia, que es un derecho.” En Chiapas La Voz de los Sin Voz ha acompañado desde hace nueve años la apuesta zapatista por la autonomía: “Desde varias emisoras en las montañas del sureste mexicano, Radio Insurgente ha dado cuenta de los avances del proceso de construcción de la autonomía en las zonas zapatistas, y ha promovido la difusión de la palabra y la música de las comunidades indígenas”. Las radios comunitarias contribuyen a defender territorios que se encuentran amenazados por los intentos de despojo e imposición de megaproyectos. La Voz de los Pueblos, de la Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), advierte sobre los riesgos y daños que ocasiona la minería, frente a la amenaza que representan los proyectos mineros en la Montaña de Guerrero. En la región huave, en Oaxaca, Radio Ikoots se suma a la lucha contra el impacto ambiental y despojo de tierras: “Algo muy fuerte o latente que se está viviendo aquí es lo del proyecto eólico que se quiere poner en el Istmo, en San Mateo; desde que la radio está, siempre por medio de la radio se han pasado esas cápsulas para hacerle ver a la gente cuánto es lo que va a afectar o cuánto es lo que va a beneficiar”. Las radios comunitarias también son bastión de resistencia a la dominación cultural e ideológica, tal como lo describe un radialista indígena en Puebla: “Los medios de comunicación comercial nos han invadido nuestras mentes, nuestros corazones, los medios de comunicación nos están bombardeando día a día, minuto a minuto a ser cierto tipo de personas, a ser personas individuales, a ser personas de consumo. Frente a estos medios de comunicación que tratan de devorarnos como pueblos indígenas, pues no nos permiten ser lo que somos, ¿qué alternativa tenemos?, tenemos la alternativa de hacer nuestros propios medios”. Y por eso, a las radios comunitarias se les persigue y reprime, porque evidencian y resquebrajan un sistema de comunicación monopólico servil a los intereses de las élites político-empresariales que lo controlan. Por todos los medios se intenta callar la voz de los de abajo: desde el mantenimiento de un vacío legal que niega el reconocimiento y dificulta la sobrevivencia de las radios comunitarias; pasando por la negación casi sistemática del otorgamiento de permisos de transmisión junto con el hostigamiento, clausuras y decomisos a las emisoras tachadas de “ilegales”, hasta la criminalización de la operación de las radios, como en el caso de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, Radio Diversidad de Paso del Macho, Veracruz, o más recientemente de la radio indígena Xiranhua Kuskua de Michoacán, en que se han interpuesto denuncias penales en contra de sus integrantes, sin olvidar los cobardes asesinatos de radialistas, promotores y promotoras de radios comunitarias. Pero además de acompañar las luchas y resistencias locales, las radios comunitarias defienden un derecho que nos pertenece a todas y todos, nuestro derecho de acceder y usar un bien común como es el espectro radioeléctrico. Derecho que también se encuentra negado para la mayor parte de la población, pero que las radios comunitarias se empeñan en ejercer haciendo eco de la diversidad de luchas y resistencias de nuestros pueblos. Centro de Investigación y Capacitación Rural, AC

Oaxaca

Ciudadanía y resistencia: los “usos y costumbres”

Víctor Leonel Juan Martínez

En 1983 el entonces gobernador de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmenares, presentó al Congreso local una iniciativa de ley para reducir el número de municipios de 570 a 75, con el argumento de una mayor eficiencia en su atención y menores riesgos para la gobernabilidad. La pretensión estuvo al borde de provocar una revuelta estatal; tras las protestas que derivaron incluso en una agresión al mandatario oaxaqueño, se canceló la iniciativa.

Y es que la iniciativa tocaba elementos que históricamente han posibilitado la resistencia de los pueblos indígenas en la entidad: su territorio, expresado en la demarcación municipal y en las comunidades que lo conforman; su autonomía para darse sus autoridades conforme a sus propias reglas, y la construcción y del ejercicio cotidiano de estas prácticas distintas que dan sentido a su diferencia, expresada en la ciudadanía.

FOTO: Prisca Adriana Martínez / Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca

Expresiones que han posibilitado que en la legislación oaxaqueña, desde la Independencia, se hiciera un reconocimiento a la diferencia; que desde 1990 se iniciara una política del reconocimiento a esos derechos, y que en 1995 pasara del nivel discursivo a la concreción práctica, al reconocer las normas propias de municipios y comunidades para elegir a sus gobiernos locales.

Las tensiones son recurrentes. Así, las instituciones subnacionales, como el municipio, se han convertido, por un lado, en el mecanismo estatal para buscar atomizar y controlar al movimiento indígena; por otro, en la posibilidad de éste de ejercer su derecho a la autodeterminación.

Salir de la clandestinidad jurídica, permitió que la gente –la ciudadanía, concepto ahora apropiado por los pueblos– adoptara nuevas expresiones. En el contexto actual de las comunidades, sus procesos locales y externos son sometidos a tensiones diversas (migración, políticas estatales, tránsito rural-urbano, lucha por la equidad de género, sistema regional de dominio, etcétera). Una situación que obliga a realizar cambios que permitan la persistencia de sistemas de organización sociopolítica basados en la identidad cultural.

Una combinación de estos embates y procesos se refleja en los conflictos en la disputa por el poder local. En 2010, inusitadamente, se presentó el más alto número de elecciones anuladas (50) en la historia en Oaxaca. Un dejavú: las decenas de ayuntamientos que no tuvieron autoridades electas el uno de enero de 2011 remontaron a décadas pasadas: en los 80s, era común que el nuevo año se recibiera con palacios municipales tomados por grupos inconformes con los comicios locales.

Situación que cambió en los 90s, con una nueva legislación electoral, con mecanismos legales e institucionales para procesar los conflictos, y en 1995, con el reconocimiento jurídico a lo que se denominó “usos y costumbres” (UyC) de los municipios y las comunidades indígenas para la elección de sus autoridades locales. Desde entonces, de un total de 570 municipios, 418 se rigen por UyC.

La alta conflictividad encuentra sus razones en algunos casos porque las instituciones comunitarias fueron rebasadas por las diferencias internas, derivadas de los procesos señalados; en otros, porque el acceso a la jurisdicción indígena es limitado, y cuando se llega a ésta, se emplean criterios jurídicos contrarios al derecho que se supone tutelan; en un buen número, porque las instituciones actuaron de forma dolosa y facciosa y los operadores políticos las usaron de forma maniquea para intereses de otra naturaleza.

Nuevamente ciudadanía es resistencia, no sólo frente a los embates contra la autonomía municipal, sino también de los pobladores contra inercias de sus sistemas normativos que vulneran sus derechos. De estas diferencias se gestan acuerdos y consensos que están derivando en un nuevo orden sociopolítico local, que cambia para preservar sus principios.

El desafío en Oaxaca es fuerte y la responsabilidad compartida: un nuevo gobierno, el primero de la alternancia, habrá de mostrar si su compromiso con municipios y comunidades es real o mantiene la lógica del régimen precedente de control político y embate a la autonomía. El reto de los organismos electorales será demostrar si hay capacidad de generar criterios institucionales e impulsar cambios legales, que respeten la autonomía y los UyC y encaucen y resuelvan por vías institucionales las diferencias.

Para el Congreso local, el más plural de la historia local, el reto será expresar capacidad parlamentaria para legislar atendiendo no los intereses inmediatistas y facciosos de partidos políticos, sino generando normas que atiendan problemáticas reales y defiendan los derechos de todos.

Y en los municipios y comunidades de UyC el desafío será mostrar la capacidad de ejercer colectivamente el derecho a la ciudadanía diferenciada, como mecanismo de resistencia, al tiempo que se atienden las resistencias internas, de sus propios pobladores inconformes con algunas reglas e inercias de un sistema que también requiere adecuaciones y cuya resolución será clave para fortalecer o debilitar la autonomía comunitaria.