Al llamado hecho al Congreso por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, para que se apruebe la reforma penal electoral y se impida que la delincuencia organizada intervenga en los próximos comicios, el diputado priísta David Penchyna respondió que son las autoridades las que deben cumplir con su responsabilidad de supervisar y evitar que dinero sucio llegue a las campañas.

La víspera, la procuradora y el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas, se reunieron con senadores e insistieron en la urgencia de aprobar esa reforma, que quedó pendiente en la Cámara de Diputados, ya que un día antes de que concluyera el periodo de sesiones –el pasado 29 de abril– el PRI la retiró de la agenda.

En conferencia conjunta con el líder nacional del PRI, Humberto Moreira, Penchyna sólo comentó que la iniciativa está en comisiones en San Lázaro e insistió en que es muy poco el dinero de particulares que llega a las campañas, además de que es obligación de las autoridades judiciales y electorales vigilar que no se trate de recursos de procedencia ilícita.

Moreira sólo comentó que al PRI le interesa ser muy cuidadoso, y por ello hay una impecable trayectoria de cada uno de sus candidatos a puestos de elección popular.

Penchyna señaló que “el tema del dinero sucio en las campañas tiene más que ver con las autoridades electoral y judicial a escalas federal y local. Las competencias están claramente delinea- das en nuestras leyes.

Agregó que en el caso de que en alguna campaña de cualquier parte de la República o de cualquier partido haya infiltración, se tiene que denunciar con toda congruencia.

Pidió a la PGR y a la Fepade que hagan su trabajo de vigilancia sobre la rendición de cuentas que hacemos todos los partidos ante la autoridad, que es el Instituto Federal Electoral, a escala federal, y los institutos locales en los estados. Dijo que el presupuesto en materia de seguridad se ha incrementado en 300 por ciento, por lo que deben ejercer sus obligaciones y sus responsabilidades para denunciar a tiempo el empleo de dinero sucio en las campañas.